El conflicto en la planta de Apolo Fish sumó un nuevo capítulo esta semana en Mar del Plata. Un total de 34 trabajadores fueron despedidos en condiciones que califican como “injustas” y, ante la falta de respuestas claras, decidieron marchar casa por casa de los responsables de la firma para reclamar que, al menos, se les pague lo que les corresponde.
“Fue de un día para el otro. Somos 34 familias que quedamos en la calle”, resumió al medio local Qué Digital, Soledad Juárez, delegada del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), desde la puerta de la casa de Claudio Valdettaro, uno de los últimos directivos de la empresa. La protesta busca visibilizar el reclamo en un contexto de incertidumbre absoluta.
Todo comenzó el lunes 26 de mayo, cuando los operarios fueron convocados a trabajar y se encontraron con la novedad de que siete compañeros habían sido despedidos, bajo el argumento de haberse negado a realizar tareas que, por convenio colectivo, no les correspondían. Inmediatamente se realizaron asambleas y medidas de fuerza, que terminaron con más despidos y una toma de planta el jueves.
El viernes siguiente, en una audiencia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, se confirmó lo que ya temían: los despidos alcanzaban a toda la planta. Frente a ese panorama, decidieron levantar la toma para buscar una vía de negociación.
Sin embargo, la situación se agravó: este martes se supo oficialmente que la empresa planea alquilar la planta, pagar liquidaciones en cuotas y abonar las indemnizaciones solo a partir de los ingresos que genere ese alquiler.
“Estuvimos trabajando enero, febrero y marzo jornada completa. La planta funcionaba”, sostuvo Juárez, en referencia a que, pese a la crisis en el puerto, Apolo Fish seguía operando normalmente. En la planta trabajaban fileteros, envasadores, peones y camaristas, muchos con entre 10 y 27 años de antigüedad.
Los despidos se dividieron en dos tipos: unos 24 con “causa”, apoyados por el DNU 340/2025 de Milei, hoy frenado por la Justicia, y otros 8 por “fuerza mayor”, alegando que la firma ya no puede sostener su estructura. A otros trabajadores, directamente, ni siquiera les llegó la carta documento.
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Mientras se realizaba la entrevista, un trabajador interrumpió para dejar en claro su bronca: “Que no se hagan los boludos. Son causas inventadas para no pagar las indemnizaciones”.
La próxima audiencia oficial está prevista para el lunes por la mañana en la sede del Ministerio de Trabajo en avenida Luro. “Que por lo menos se les pague la quincena a los trabajadores y después sigamos hablando”, reclamó Juárez.
Mientras tanto, las protestas continúan en la calle. Esta vez, frente a las casas de quienes, según denuncian, los dejaron sin trabajo de un momento a otro.