La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), junto a otras dependencias, administra la Lista de Proveedores de Servicios Legales Pro Bono. Esta es la relación actualizada y oficial, que se proporciona a las personas en procesos de inmigración, como los casos de deportación.
La EOIR, con la Oficina de Políticas y el Programa de Recursos Públicos (PRP, por sus siglas en inglés), que pertenecen al Departamento de Justicia de EE.UU., se encargan de integrar el listado que contiene organizaciones sin fines de lucro y abogados que se han comprometido a brindar al menos 50 horas anuales de servicios legales pro bono ante el tribunal de inmigración.
El documento, actualizado en abril de 2025, muestra los datos por estado y se puede descargar en el link: justice.gov/eoir/file/probonofulllist/dl. Estos son los despachos de la lista:
Arizona
California
Colorado
Connecticut
Florida
Georgia
Hawái
Illinois
Kentucky
Louisiana
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri
Nebraska
Nevada
Nueva Jersey
Nuevo México
Nueva York
Carolina del Norte
Ohio
Oregon
Pennsylvania
Tennessee
Texas
Utah
Virginia
Washington
La lista se publica trimestralmente (enero, abril, julio y octubre) y la agencia señala que es fundamental para los esfuerzos de la EOIR “por mejorar la cantidad y la calidad de la representación ante sus adjudicadores”. Las normas para la inclusión de organizaciones, servicios de referencia pro bono y abogados se encuentran en el Código de Regulaciones Federales.
Los servicios legales pro bono son la ayuda gratuita que ofrecen algunos abogados o bufetes a personas que no tienen dinero para pagarlo. Es decir, los especialistas hacen el trabajo sin cobrar, como una forma de ayudar a la comunidad.
La EOIR señala: “Son aquellos no remunerados prestados a personas indigentes o al bien público sin ninguna expectativa de remuneración directa o indirecta, lo que incluye honorarios por referencias (excepto los gastos de presentación o de fotocopiado y envío)”.
Según lo exige la normativa, la dependencia mantiene la Lista de Proveedores de Servicios Legales Pro Bono y el registro de Organizaciones Reconocidas y Representantes Acreditados. La información publicada es proporcionada por los propios despachos y asociaciones.
Sin embargo, la oficina advierte que: “No avala a ninguna de estas organizaciones, servicios de referencia ni abogados”. Además, no participa ni es responsable de las decisiones de representación, ni del desempeño de los organismos, los servicios de referencia, ni abogados.
