El Gobierno municipal ratificó en la Justicia la denuncia penal por usurpación contra las personas que tomaron las 25 viviendas de Río Tala, cuya obra en construcción está paralizada desde octubre de 2023.
El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta elevó el escrito como apoderado de la Municipalidad y solicitó el inmediato desalojo y restitución del predio usurpado.
“La usurpación genera perjuicios gravísimos e irreparables, con perjuicio social y afectación a 25 familias que esperan acceder a vivienda digna”, señaló en el planteo ante la Fiscalía 7, tematizada en este tipo de delitos y que lleva adelante la causa.
El Gobierno pidió que la medida sea urgente porque “el paso del tiempo fortalece la posición de los usurpadores”, al tiempo que incrementa la posibilidad de que sigan apareciendo construcciones precarias en el terreno.
Este jueves se cumple una semana desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, ocuparon de manera irregular las viviendas a medio construir en el predio ubicado en Fray Cayetano Rodríguez y San Martín, abandonado a su suerte desde hace más de dos años.
La empresa APCO S. A. certificó alrededor del 60 por ciento de la obra y se retiró ante el inminente cambio de gobierno en Nación, tras las elecciones de 2023, a la espera de una redeterminación de costos porque el porcentaje certificado ya había insumido 140 de los 142 millones presupuestados.
Sin respuestas, la empresa desapareció y nunca volvió. A pesar de las intimaciones del Municipio y con la prórroga de contrato vencida en marzo de 2024, APCO S. A. tiene el convenio vigente con “neutralización administrativa”.
