El martes 17 de junio, en las instalaciones de una corte de inmigración en Miami, Didie Espinoza, un ciudadano cubano portador del permiso I-220A, fue arrestado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La detención ocurrió inmediatamente después de completar su audiencia preliminar de solicitud de asilo.
El incidente, documentado en video por Daysi Salvador, esposa del detenido, y Laura Jiménez, abogada, y obtenidos por el medio cubano MegaTV, mostró el momento exacto en que agentes vestidos de civil proceden al arresto dentro del mismo edificio judicial. “Mira lo que le hacen, injusticia”, gritó angustiada, mientras observaba cómo trasladaban a su pareja en el ascensor del tribunal.
Esta práctica se intensificó en las últimas semanas, lo que afectó a múltiples inmigrantes que acuden a regularizar su situación migratoria. Los agentes federales esperan estratégicamente en los alrededores de las salas de audiencia, y utilizan listas preestablecidas para identificar y arrestar a individuos específicos al finalizar sus comparecencias, según denunció la mujer del detenido.
“A cualquiera se lo llevan, caballero, a cualquiera. Tienen una lista. Esto es con abogado, sin abogado, como quiera”, expresó Salvador, quien describió el procedimiento como arbitrario y carente de transparencia. “Las personas que sirven verdaderamente, que pagan impuestos, que trabajan… y que pase esto. La verdad es que estoy sin palabras”, le dijo a la notera de MegaTV, quien estaba presente durante el proceso.
Espinoza lleva tres años y medio como inmigrante en EE.UU. y, según detalla su pareja, “mantiene un historial impecable en su proceso migratorio”.
Laura Jiménez, abogada especializada en derecho migratorio y representante legal de Espinoza, calificó el procedimiento como una “trampa legal” sistemática implementada por las autoridades federales. Según su análisis, ICE aprovecha el momento preciso en que los fiscales solicitan el retiro de cargos para proceder con las detenciones.
La letrada relató que durante la audiencia, el fiscal presentó una moción para cerrar el caso contra Espinoza y así ya no estar bajo el proceso de deportación. “Fue entonces cuando ICE los detiene inmediatamente fuera de la sala del juez”, le explicó al medio cubano.
Jiménez había preparado una extensa moción de oposición de aproximadamente 20 páginas para anticiparse esta estrategia gubernamental. Durante la audiencia, tuvo que insistir para presentar sus argumentos tanto por escrito como oralmente y enfrentó resistencia del magistrado, según comentó.
La abogada denunció múltiples irregularidades procedimentales durante la audiencia. Cuando solicitó al juez que instruyera al fiscal a explicar las razones para cerrar el caso, la respuesta fue superficial y carente de fundamentos legales sólidos.
“Fue un proceso arbitrario, donde no se respetó el derecho a ser escuchado. La arbitrariedad prevaleció por encima de la ley”, declaró Jiménez, y señaló que todos los participantes del proceso judicial habían jurado respetar y hacer cumplir la legislación vigente.
Espinoza ingresó a EE.UU. en 2022 con el formulario I-220A, según su abogada, solicitó asilo político tras llegar y argumentó que fue perseguido en Cuba por razones políticas. Su caso fue presentado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y, posteriormente, remitido a la corte de inmigración.
Desde su llegada, había cumplido con todos los requerimientos legales, como asistencia a citas, entrega de documentos, seguimiento de huellas y comparecencias ante las autoridades. A pesar de este historial, ICE ejecutó su detención justo al salir de la sala, donde se había presentado una moción para cerrar su caso de asilo.
El documento I-220A, conocido como “Orden de Libertad Bajo Palabra”, representa una situación migratoria compleja para miles de cubanos. Este formulario permite la liberación de custodia federal bajo condiciones específicas, pero no constituye una admisión oficial al país norteamericano ni otorga beneficios migratorios definitivos.
Los portadores de este documento deben cumplir requisitos estrictos:
Sin embargo, esta condición los coloca en lo que especialistas denominan “limbo migratorio”. Una decisión crucial de septiembre de 2023 de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el I-220A no constituye un parole humanitario, por lo que se impidió que los beneficiarios puedan aplicar a la Ley de Ajuste Cubano para obtener residencia permanente.
El incremento en detenciones de portadores del I-220A indica un cambio significativo en las prioridades de aplicación migratoria bajo la actual administración federal. Según se observó en los últimos días, personas que anteriormente no representaban prioridad para deportación ahora enfrentan arrestos sistemáticos.
