Después de anunciar el pasado viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno dio este martes otro paso en ese sentido al publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitó al Estado a “enajenar total o parcialmente su participación accionaria” y dispuso una serie de cambios en el marco marco regulatorio para el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el AMBA, reemplazando más de 100 artículos con respecto al anterior.
Lo hizo a través del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo que fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete.
En específico, la normativa indica que la actualización del marco regulatorio, que establece los deberes y atribuciones de la concesionaria, entre ellas la facultad de cortar el servicio en caso de mora, y la modificación en el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado Nacional así como también la prohibición de transferencia de sus acciones, “se presentan como una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad, habida cuenta de que el régimen actualmente vigente fue diseñado para una sociedad de carácter estatal, lo cual dificulta su adecuación hacia los nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión que esta Administración busca cumplir”.
“En este sentido, el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”, argumenta el texto oficial.
La medida, explicó el Gobierno, “se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público, lo que se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
En esa dirección, puntualiza que “entre los años 2006 y 2023 el Estado Nacional hizo transferencias del Tesoro Nacional en favor de AySA por unos 13.400.000.000 de dólares, que fueron suficientes para evitar “un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejados en una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.
Ante este escenario, el Gobierno considera “indispensable avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura” y “adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de AySA, sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio”.
El pasado viernes, el Gobierno anunció que iniciará el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), mediante el cual “se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado”.
Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la gestión de Milei busca unos 500 millones de dólares con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía.
AySA es una empresa que tiene la estructura de una sociedad anónima privada, al igual que YPF, en la que el Estado es el mayor accionista. El Estado sacará una licitación pública nacional e internacional para otorgar un contrato de concesión y entregar al menos el 51% del control accionario, mientras que el 39% restante podría quedárselo el nuevo operador o cotizar en la Bolsa.
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Manuel Adorni anunció que el Gobierno privatizará AySA
El proceso llevaría aproximadamente todo este segundo semestre del 2025, por lo que la convocatoria a interesados recién se lanzaría a fin de año y la adjudicación se realizaría a mediados del primer semestre del 2026.
AySA estaba incluida en la lista de las ocho compañías sujetas a privatización prevista en la Ley Bases sancionada en julio de 2024, junto a Enarsa e Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El DNU, que ya está en vigencia, fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente, que “tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles”.
