“Save the World Cup”: una nueva ley busca prohibir operativos migratorios de ICE cerca de partidos del Mundial 2026 en EE.UU. | FM Avenida

A menos de 90 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, un nuevo frente político se abrió en torno a la política migratoria y la organización del torneo. La congresista demócrata Nellie Pou presentó un proyecto de ley que busca prohibir operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las inmediaciones de los partidos y eventos vinculados al campeonato, en un intento por evitar que el temor a las detenciones afecte la asistencia y el clima del evento.La iniciativa, denominada “Save the World Cup”, propone impedir que agentes migratorios realicen redadas dentro de un radio de una milla (1,6 kilómetros) alrededor de los estadios y zonas oficiales de fanáticos durante los encuentros. El objetivo central es claro: garantizar que tanto visitantes internacionales como residentes puedan asistir sin miedo a ser detenidos por su situación migratoria.“Con menos de 90 días para el puntapié inicial, el Mundial debería unir al mundo y no hacer que las familias se pregunten si agentes de ICE estarán esperando afuera de los estadios”, afirmó Pou al presentar el proyecto. La legisladora explicó que su decisión surge luego de que el director interino de ICE, Todd Lyons, se negara a comprometerse públicamente a evitar operativos en esos eventos.Esa negativa encendió alarmas entre legisladores demócratas, especialmente en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Ya en febrero, durante una audiencia, Lyons evitó descartar la posibilidad de acciones de control migratorio en torno a los partidos, lo que fue interpretado como una señal de que el gobierno podría mantener su política de enforcement incluso en el contexto de un evento internacional de gran escala.Para Pou y sus aliados, esa postura amenaza con generar un “efecto amedrentador” que podría desalentar la participación de aficionados, especialmente de comunidades migrantes. “No hay torneo exitoso si los fanáticos y jugadores están mirando por encima del hombro”, sostuvo la congresista. “Queremos que las fuerzas de seguridad se concentren en la protección del evento, no en cumplir cuotas de detención migratoria”.El proyecto cuenta con el respaldo de otros legisladores demócratas, entre ellos Eric Swalwell (California), LaMonica McIver (Nueva Jersey) y Bennie Thompson (Misisipi), figuras clave en la supervisión de la seguridad del Mundial. Swalwell fue particularmente enfático: “¿Cómo puede nuestro país organizar el mayor evento deportivo del mundo mientras deporta a fanáticos que vienen a disfrutarlo?”.El trasfondo del debate no es menor. El Mundial 2026 tendrá 11 sedes en Estados Unidos -Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el Área de la Bahía de San Francisco y Seattle- y se espera la llegada de millones de visitantes. En ese contexto, la coordinación entre agencias federales, autoridades locales y organizadores es clave para garantizar tanto la seguridad como la experiencia del público.Sin embargo, la relación entre las políticas migratorias y los grandes eventos ya generó tensiones en el pasado reciente. Los Ángeles, una de las sedes, fue escenario el año pasado de fuertes protestas contra operativos de ICE, que incluso derivaron en el despliegue de tropas militares, una medida que posteriormente fue bloqueada por la justicia.A esto se suma la preocupación por la falta de comunicación clara entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los organizadores locales. Legisladores demócratas enviaron recientemente una carta al organismo advirtiendo sobre el impacto negativo que podría tener la presencia de ICE en los eventos, tanto en términos de asistencia como de imagen internacional.En paralelo, el DHS anunció la asignación de 625 millones de dólares en fondos para seguridad destinados a las ciudades sede. No obstante, aún no está claro si esos recursos ya fueron distribuidos, en medio de un bloqueo institucional que mantiene parcialmente paralizado al organismo debido a desacuerdos entre la administración y senadores demócratas sobre los límites legales de las políticas migratorias.