El 7 de noviembre de 2017, agentes de la Policía de Chicago realizaron un operativo en un edificio residencial del barrio McKinley Park, en Illinois. La orden judicial había sido obtenida con base en información de una fuente confidencial que resultó errónea. Entonces, los oficiales ingresaron de manera violenta a una vivienda equivocada, lo que resultó en una demanda por parte de la familia de Peter Méndez, el niño afectado por la redada y cuyo nombre sirvió para bautizar una ley firmada por el gobernador J.B. Pritzker en 2019.
Los agentes policiales rompieron la entrada de la propiedad, ingresaron con armas desenfundadas y apuntaron a los miembros de la familia, incluido Peter Méndez, un niño de entonces nueve años. Su padre fue esposado frente a él y la escena quedó registrada por las cámaras corporales de los oficiales.
Esta experiencia generó un impacto emocional duradero en el menor de edad. En ese contexto, en 2018, su familia presentó una demanda civil contra la ciudad de Chicago. En ella se denunció uso excesivo de la fuerza, detención sin causa, entrada ilegal al hogar y daño psicológico.
En paralelo, el estado de Illinois promovió una reforma que busca evitar que se repitan situaciones similares, especialmente cuando hay menores de edad presentes durante operativos de las fuerzas de seguridad. Así fue que Pritzker firmó la normativa bautizada como Ley Peter Méndez.
A pesar de esa legislación, la disputa judicial continuó. Luego de varios intentos fallidos de conciliación, el juicio federal empezó en abril de 2025. Una semana después, se llegó a un acuerdo extrajudicial y la ciudad indemnizó a la familia Méndez con 2,5 millones de dólares. A eso se sumaron más de US$700 mil en honorarios legales que Chicago había desembolsado previamente para cubrir la defensa de los oficiales implicados.
“Me siento aliviado. Puedo cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante”, dijo Peter, ahora de 17 años, en una entrevista reciente con CBS News. El caso se sumó a una larga lista de redadas fallidas por parte de la policía de Chicago que han generado pagos millonarios por parte del estado.
La HB 051 fue firmada por el gobernador Pritzker el 9 de agosto de 2019. En realidad, se trató de una enmienda a la Ley de Capacitación Policial de Illinois y que oficialmente se identificó como Ley Peter Méndez (Peter Mendez Act, en inglés), de acuerdo con LegiScan.
La norma modificó los lineamientos de formación policial en el estado y estableció contenidos obligatorios que abordan, entre otros temas, el trato a personas en situación vulnerable durante intervenciones policiales.
Asimismo, incluyó un enfoque específico sobre cómo actuar durante un operativo cuando hay niños presentes. Con esto busca reducir los riesgos de trauma infantil en procedimientos como arrestos o redadas domiciliarias.
El objetivo central es que los oficiales puedan identificar señales de estrés y trauma en menores de edad y que cuenten con herramientas para responder de forma adecuada. También promueve la desescalada en escenarios donde se involucran familias con niños.
La Ley Peter Méndez obligó a las academias de formación policial del estado a incorporar una serie de contenidos esenciales en sus programas. Entre ellos, se destacan justicia procesal, derechos civiles, competencia cultural, y normativas sobre salud mental.
Además, los agentes en etapa de entrenamiento deben recibir instrucción en técnicas de arresto, uso proporcional de la fuerza, procedimientos de registro e incautación, así como en reconocimiento de crisis emocionales o psiquiátricas.
La norma también incluyó módulos dedicados al manejo de casos de violencia doméstica, agresiones sexuales y situaciones que involucren a personas mayores o con discapacidad. Se incorporó además la capacitación en primeros auxilios y en el uso de dispositivos electrónicos de control.
La Ley Peter Méndez no se limita a quienes recién ingresan a las fuerzas. También establece requisitos específicos para la formación continua de policías en funciones. Cada tres años, los oficiales deben actualizar conocimientos sobre derechos humanos, salud mental y prácticas de intervención no discriminatorias.
De forma anual, están obligados a completar cursos sobre cambios en la legislación vigente y entrenamiento en el uso de la fuerza, lo que incluye simulaciones prácticas. Este enfoque busca garantizar que las capacidades adquiridas se mantengan vigentes en el tiempo.
Por otro lado, también se incluyó en los requerimientos los oficiales de correccionales y los encargados de seguridad en tribunales. Estos deben cumplir con pautas de formación establecidas por la Junta estatal, que certifica las instituciones encargadas de capacitar al personal.
