Las elecciones 2025 en Formosa —provinciales y nacionales— marcan el debut obligatorio de la Boleta Única de Papel. El nuevo sistema busca evitar maniobras como el robo o reemplazo de boletas y agilizar el escrutinio provisorio.
El nuevo sistema, respaldado por el Tribunal Electoral de Formosa, moderniza el proceso sin modificar la obligatoriedad del voto para ciudadanos de 18 a 70 años.
Asimismo, el Tribunal Electoral Permanente (TEP) provincial atiende denuncias de lunes a viernes en su sede de Av. 9 de Julio 1301, de 8 a 12 y de 18 a 24, combinando la presencia institucional con la cercanía comunitaria propia del interior.
Por su parte, quienes decidan no votar sin justificación válida afrontarán multas, además de restricciones para realizar trámites como obtener el pasaporte o ser designados en cargos públicos, castigos que buscan preservar la participación como valor republicano.
El artículo 106 del Código Electoral tipifica como delito electoral cualquier acción que altere la voluntad popular, desde la ruptura de boletas hasta la suplantación de identidad.
Un aspecto clave es la veda electoral, vigente 48 hs antes del comicio: publicar encuestas, entregar boletas en la vía pública o difundir deepfakes políticos viola la norma y puede denunciarse bajo la misma modalidad.
Para sostener la transparencia, existen varios canales:
El Tribunal Electoral de Formosa considera falta electoral la no emisión del sufragio sin causa justificada. Al infractor se le aplica una multa progresiva que, actualizada a junio 2025, oscila entre $1.000 y $2.000.
Escala de sanciones económicas:
El sistema de multas refleja un principio clásico del derecho: la reiteración agrava la pena; se trata de un incentivo económico para preservar la participación obligatoria, baluarte de la cultura política argentina desde 1912.
Quedan exentos los mayores de 70, los jóvenes de 16 y 17, los jueces de turno y quienes, por fuerza mayor, se encuentren a más de 500 km de su mesa; todos deben tramitar la constancia correspondiente para evitar ser incluidos en el Registro de Infractores.
Si la inasistencia no se regulariza dentro de los 60 días, la CNE publica los datos en un registro público y la deuda queda visible al momento de iniciar cualquier trámite estatal, práctica que, según el Ministerio del Interior, redujo la morosidad un 15% entre 2023 y 2024.
