Corrupción en España: los "socios de la investidura" tienen en sus manos el futuro del gobierno de Pedro Sánchez

“Su número dos ha dormido en prisión pero (el presidente Pedro) Sánchez pretende seguir. Es insostenible”. Con estas palabras, el líder de la oposición del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, tentó este martes a los grupos parlamentarios que apoyaron la reelección de Sánchez para que decidan si están dispuestos a seguir sosteniendo o no al jefe del gobierno, acorralado por un escándalo de corrupción dentro del PSOE, el partido mayoritario en la coalición de izquierdas que gobierna España desde 2023.

La entrada en prisión el lunes de Santos Cerdán, un hombre de íntima confianza de Sánchez, quien lo había ubicado en la secretaría de organización del PSOE, el partido que él lidera, jaquea al gobierno, que hace malabares para mantenerse en pie.

La estrategia del PP es tantear a los siete partidos políticos que en 2023 le dieron el “sí” a Sánchez para que lograra alcanzar la mayoría parlamentaria que lo convertiría, una vez más, en jefe del gobierno. La intención es corroborar si ese apoyo “sigue intacto” luego de los indicios de corrupción que le están trepando al PSOE hasta la yugular y la flamante encarcelación de quien era el secretario de organización.

Para el PP, las fuerzas que se mantengan del lado del gobierno y no le retiren su sostén ante el escándalo de las coimas podrían ser consideradas “cómplices”.

Cerdán fue encarcelado luego de haber prestado declaración en el Tribunal Supremo por su presunta participación en una trama que, durante años, habría cobrado coimas a empresas privadas para concederles la construcción de obras públicas en distintas regiones de España.

Así lo revela un informe de la Guardia Civil, según el cual, Cerdán sería el gestor de los sobornos que luego se habría repartido con quien lo antecedió en el cargo dentro del PSOE, el ex ministro de Transportes José Luis Abalos, y su ex chofer y asesor, Koldo García.

Abalos y Koldo ya están imputados por otra ramificación corrupta: habrían cobrado “mordidas” por la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia.

La crisis política en España podría conducir a tres movimientos drásticos: que el presidente Sánchez disuelva el Parlamento y convoque a nuevas elecciones; que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, o que algún grupo parlamentario presente una moción de censura para desalojarlo de La Moncloa.

Por ahora, Sánchez no contempla ninguna de las dos primeras posibilidades.

Para que la tercera prospere, es preciso contar con la aprobación de la mitad más uno de las 350 bancas que integran el Congreso de los Diputados. Nuñez Feijóo lo tiene muy presente y, desde que estalló el escándalo de corrupción dentro del PSOE, está intentado reclutar los votos que le harían falta para lograr esa mayoría. Su partido cuenta con 137 diputados y Vox, el otro partido que le daría su “sí”, apenas con 33.

El gobierno de izquierda que lidera el PSOE de Sánchez en coalición con Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, contaba, hasta ahora, con el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes y vascos que negociación la reelección del líder socialista como presidente a cambio de concesiones. Una de ellas, por ejemplo, fue la ley de amnistía para los separatistas catalanes que probaron declarar la república de Cataluña en 2017. O la promesa según la cual, las lenguas co-oficiales de España, como el vasco, el catalán y el gallego, serían aprobadas para ser utilizadas en el Parlamento Europeo.

Los llamados “socios de la investidura” estudian el panorama. Ven en la debilidad del PSOE, herido por la corrupción de algunos de los suyos, una oportunidad para seguir tirando de la soga y pedir cada vez más a cambio de no soltarle la mano a Pedro Sánchez.

Son conscientes, además, de que subirse a la propuesta del PP de una moción de censura que desaloje al actual presidente socialista se traduciría, para ellos, en perder el terreno ganado.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) señaló este martes que están en un período “de reflexión”, a la espera de lo que Pedro Sánchez pueda decir en la sesión del Congreso prevista para el 9 de julio donde sólo se hablará de corrupción.

El PNV apoyó, en 2018, la moción de censura contra Mariano Rajoy que Sánchez ganó y, en 2023, renovó su respaldo a la presidencia de Sánchez. Ahora, sin embargo, se permite dudar sobre cuál será su postura frente a la trama de coimas y la detención de Santos Cerdán.

“El PP, que se dice líder de la oposición y quiere encabezar un Gobierno alternativo, se sacude la responsabilidad de conseguir una hipotética mayoría. No explica cómo quiere serlo ni cómo quiere ganarse el apoyo de otros grupos”, opinan desde el PNV.

“No deja de ser una imagen decepcionante y dolorosa”, admitió este martes la vocera del gobierno, la ministra Pilar Alegría, sobre el impacto que el encarcelamiento del ex número tres del partido significa para el PSOE.

“Somos conscientes de que la corrupción cero no existe, pero cuando existe se ataja y se toman medidas. Este gobierno, ante la corrupción, absoluta contundencia”, agregó la portavoz. Es lo que los miembros socialistas del gabinete de Sánchez repiten como un mantra desde que estalló el escándalo.

Fue la misma ministra la que sinceró, hace unos días, que “no sabemos si hay más nombres” entre las escuchas que figuran en el informe de la Guardia Civil.

El juez que investiga la trama, Leopoldo Puente, cree que podría haber “más personas, individuales o jurídicas”, implicadas en la red corrupta lo cual cubre con un manto de sospecha la financiación de PSOE.

“El partido, desde 2010, viene haciendo auditorías de sus cuentas”, quiso disipar dudas la vocera del gobierno.

El juez Puente estima que “el botín” de las “mordidas” rondaría unos cinco millones de euros.

“No me faltan ganas, me faltan votos”, admitió Núñez Feijóo en la última sesión de control al gobierno sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP ya está en campaña para conseguirlos.