El presidente Javier Milei vetó en su totalidad las tres leyes aprobadas por el Congreso que otorgaban aumentos y previsionales, reinstalaban la moratoria jubilatoria y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. Lo hizo a través de un DNU publicado en el Boletín Oficial el lunes a la madrugada.
Según el Decreto 534/2025, las iniciativas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que garantizaran la sustentabilidad. El Ejecutivo argumentó que la aprobación de las normas ponía en riesgo el equilibrio fiscal, comprometía las metas económicas y atentaba contra la estabilidad del sistema previsional.
En los considerandos generales, desde el Gobierno sostuvieron que las leyes fueron sancionadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado, al no cumplirse los procedimientos previstos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, señaló que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, obligando a recurrir a emisión monetaria, suba de impuestos y/o endeudamiento.
En el caso de la ley previsional, contemplaba un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda económica de hasta $110.000 para determinados beneficiarios. Para la administración Milei, como manifiesta en el DNU, la fuente de financiamiento prevista en la norma es “manifiestamente insuficiente” y presenta “graves deficiencias técnicas”. Objetan además que parte de los recursos proyectados —como la eliminación de exenciones impositivas— tendrían un “impacto recaudatorio marginal o limitado”.
Respecto de la reinstalación de la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Gobierno afirma que “socavan los incentivos a la formalidad laboral” y consolidan “un esquema paralelo al régimen contributivo”, generando desigualdad con quienes completaron los aportes exigidos por ley.
Por último, sobre la emergencia en discapacidad, alertan que ampliaría el universo de beneficiarios de manera masiva —incluyendo a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad—, con un costo multimillonario y un fuerte impacto adicional sobre el sistema de salud y el “Programa Incluir Salud”.
La posibilidad de que el Congreso insista con las leyes vetadas ahora depende de la oposición, que debería reunir una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en Diputados para forzar su promulgación. Aunque en el Senado las iniciativas habían recibido un respaldo amplio, en el oficialismo creen que cuentan con el número suficiente para frenar un intento de insistencia y preservar la vigencia de los vetos.
Noticia en desarrollo.
