La Cámara Federal anuló la causa en que se investigaba un supuesto complot de presos kirchneristas para perjudicar el fiscal Carlos Stornelli y dispuso el archivo del caso.
Los jueces de la Cámara Federal actuaron a instancias de un fallo de la Cámara de Casación de Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone.
En esta causa, conocida popularmente como el “Operativo Puf”, se investigaba, entre otros, al juez Juan María Ramos Padilla y al diputado Eduardo Valdés.
Se investigó una maniobra para descalificar al fiscal Stornelli, que era quien llevaba adelante la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo.
La decisión puso fin a casi seis años de caso y se dio a continuación de que todas las acusaciones que se realizaron contra Stornelli desde el kirchenrismo fueron desechadas.
Ahora, la Cámara Federal -a instancias de la Casación- dijo que no estaba claro el objeto procesal. La resolución, firmada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, habla de una falta de una hipótesis delictiva identificable.
El fiscal Franco Picardi había considerado que las escuchas telefónicas de presos K, utilizadas como prueba en la investigación, eran “ilegales” y no podían ser avaladas.
Picardi aplicó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad y/o exclusión de estas trascripciones.
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, quien ya había votado en disidencia por el archivo en marzo de 2021, reiteró que “no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta“.
Farah enfatizó que la falta de esta “base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.
Dijo el camarista que el caso se apoya en el contenido de las informaciones anónimas que desencadenaron las denuncias.
Según el magistrado, esta situación refuerza la conclusión de que es “improcedente dar vía favorable a la pretensión de esos actores de mantener abierto un caso judicial”.
Los jueces Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia adhirieron a esta postura: “Consideramos que este temperamento permite, a su vez, brindar una solución a la controversia suscitada, frente al sistema de reenvíos propuesto por el ad quem que, en el caso, aparece demorando innecesariamente la decisión, en detrimento del derecho del que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal“.
La denuncia del “Operativo Puf” se originó a raíz de las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora Federico Villena para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, a raíz de la sospecha de que estaba planificando un atentado con explosivos.
Villena autorizó el pedido de la AFI para escuchar a Segovia en un teléfono público que usaban otros presos. La AFI lo hizo y se lo reportó al juzgado. Pero también se grabaron conversaciones de otros detenidos, que no estaban en foco en la investigación.
El contenido de esas conversaciones tomó estado público a través de medios de comunicación. En uno de los audios, el diputado Eduardo Valdés le adelanta a Juan Pablo Schiavi, entonces preso, que “va a haber novedades” y le recomienda “quedarse tranquilo”.
“Bonadio, Stornelli, Puf”, asegura, en alusión a que el juez y el fiscal iban a tener problemas. Esa frase fue la que generó el nombre con el que se conoció esta causa.
Esas escuchas llegaron en un sobre anónimo a manos de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvik, que las presentaron en la justicia y se inició el caso, ahora archivado.
El contenido de las escuchas fue admitido como prueba por la propia Cámara Federal, pues en la causa de “La ruta del dinero K” validó la conversación de Lázaro Báez con una mujer cuando le decía que su fortuna no le pertenecía, sino que era de alguien que estaba por encima de él.
Stornelli efectivamente enfrentó múltiples acusaciones que terminaron rechazadas en todos los tribunales y el caso cuadernos está elevado a juicio oral con Cristina Kirchner como la principal imputada.
