Tabacalera Sarandí ha decidido desistir de la acción judicial que solicitaba a la Corte Suprema que se expidiera sobre la constitucionalidad del artículo 103 de la Ley N° 27.430. Esa norma, hoy derogada, imponía un impuesto interno mínimo que equivalía a cerca del 80% del precio de venta al público, sin importar el valor real del producto.
Este mecanismo significaba, en los hechos, que un consumidor de bajos recursos debía pagar el mismo impuesto que uno que compra cigarrillos de primera marca, encareciendo artificialmente los productos más económicos. Una política regresiva, distorsiva y funcional a los intereses de los monopolios internacionales.
DOS FALLOS A FAVOR Y UNA CAUTELAR QUE MARCÓ EL CAMINO
Nuestra posición fue validada por la Justicia Argentina con dos sentencias favorables, tanto en primera instancia como en Cámara, además de una medida cautelar que protegió a los productores y consumidores frente a la aplicación de ese tributo injusto.
Con la actual administración, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional tomaron la decisión política y económica de derogar esa norma, reconociendo su carácter nocivo y anticompetitivo. Hoy, cada industria puede comercializar sus productos libremente y a precios de mercado.
UNA DISCUSIÓN ABSTRACTA, UN PODER JUDICIAL PARCIAL
Con la derogación vigente, la discusión sobre la constitucionalidad se tornó abstracta, tal como lo reconoció el propio Procurador General de la Nación. En consecuencia, hemos desistido de continuar el trámite, ya que no corresponde esperar un fallo cuyo único fin sería doctrinario o simbólico, y que nada cambiaría en la realidad actual.
Además, no confiamos en que la actual integración de la Corte Suprema esté en condiciones de fallar con la imparcialidad y objetividad que el caso requiere. Han demostrado, mediante decisiones y conductas al borde de la legalidad, su alineamiento con los medios de comunicación hegemónicos y los intereses de monopolios extranjeros, a quienes protegen con perseverancia.
DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Permitirle a este máximo tribunal que utilice un caso cerrado para cumplir compromisos ideológicos o de otra índole implicaría un riesgo para toda la industria argentina del tabaco, que comparte la misma situación que Tabacalera Sarandí.
Contamos con el respaldo de dos fallos judiciales firmes, y con la decisión soberana del Congreso de la Nación que derogó la “Ley Massalin”. Eso nos otorga legitimidad, legalidad y autoridad.
Tabacalera Sarandí. En defensa del trabajo nacional, la libre competencia y el respeto a la ley
