La situación de las personas con discapacidad y sus familias llegó a un punto límite en San Andrés de Giles. A principios de agosto, el Gobierno de Javier Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en junio por el Senado. La norma buscaba regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, pero fue calificada por el Ejecutivo como “regresiva y asistencialista” por su costo fiscal.
Para conocer el impacto concreto de esta decisión, el portal Infociudad entrevistó a Jesica Bergara, mamá de Tania, una niña con discapacidad motriz. “La situación es crítica y necesitamos que esto se resuelva cuanto antes”, advirtió con preocupación.
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Bergara describió un escenario de pagos atrasados, falta de actualización de aranceles y burocracia que retrasa tratamientos y cirugías. “No hay actualización en el pago de los profesionales. Los prestadores no viven de la vocación; acá salimos todos perjudicados, primeramente las personas con discapacidad y su familia, y también los profesionales”, sostuvo.
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En el caso de su hija, el Estado aún no dio respuesta sobre una cirugía multinivel que necesita desde hace más de un año. “Gracias al trabajo que hace en kinesiología y lo que complementamos en casa, hoy está bien y puede esperar al próximo año. Pero es desgastante tener que andar siempre renegando con la burocracia de las obras sociales”, relató.
Tania asiste a kinesiología, psicopedagogía, terapia ocupacional y psicología. Según su mamá, esas terapias son un derecho y hoy “corren riesgo” por la falta de pago y la incertidumbre. “Conozco mamás que ya pagan las terapias de manera particular y hasta tuvieron que suspender algunas por no poder costearlo. Estoy agradecida con las profesionales que atienden a Tania y aguantan esta situación, pero no es sostenible: lo que cobran los prestadores hoy está muy por debajo de lo que debería ser”, remarcó.
