El concejal de San Pedro y presidente del Bloque Acuerdo Ciudadano, Martín Leandro Rivas, presentó un requerimiento urgente ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para que se investigue el funcionamiento del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA). Rivas denuncia que el organismo, que debería coordinar políticas y administrar recursos para los municipios del Delta bonaerense, es presidido de forma ininterrumpida por el municipio de San Nicolás desde 2012, lo que considera una violación de la ley que establece una presidencia rotativa anual.
En su escrito, el edil solicitó al Tribunal la entrega de documentación contable y las actas de los ejercicios 2023 y 2024. Además, pidió que se audite el manejo de los recursos, especialmente los generados por la extracción de arena, y que se verifique la participación de los ministerios correspondientes en las decisiones del Consejo.
Argumentos de la denuncia
El concejal Rivas argumenta que el Decreto-Ley 7881/72 establece claramente la rotación anual de la presidencia del CONINDELTA entre los intendentes de los municipios integrantes. Sin embargo, “la presidencia del CONINDELTA ha sido ejercida de manera ininterrumpida e ilegítima desde el año 2012 por el Municipio de San Nicolás”, concentrando funciones administrativas, financieras y operativas.
El requerimiento solicita que el Tribunal de Cuentas audite la recaudación derivada de la explotación de arena, un recurso no renovable, y verifique si se ha ejercido control sobre la misma. En caso negativo, pide que se realice una auditoría integral sobre el volumen, valuación y destino de este recurso.
Además, el concejal Rivas solicita que se evalúe la legalidad de los actos administrativos del CONINDELTA sin la participación de los ministerios correspondientes y que se promuevan medidas para el cese inmediato de la presidencia ilegítima. También pide que se evalúe la “inacción” del organismo en la ejecución de planes y programas en favor de la región.
Rivas afirmó que su presentación es “una exigencia de transparencia, control, defensa de los intereses sampedrinos y uso correcto de los fondos públicos”, y se comprometió a seguir impulsando las medidas necesarias para que se respete la ley y los beneficios del organismo lleguen a toda la región.
