“No era una fiesta inocente, era la película El Padrino”. Esa fue la definición de uno de los funcionarios santafesinos que investigaron en 2022 la narcoboda que terminó en un baño de sangre. Todos los que estuvieron en ese casamiento en la localidad de Iberlucea tenían vínculos con el mundo del hampa. Así lo establecieron los detectives que trabajaron en el caso de un brutal triple homicidio. Al menos cuatro de los asistentes tenían condenadas por tráfico de drogas. Los antecedentes de la pareja de novios, Brisa Milagros Leguizamón y Esteban Rocha, dieron marco al clima de la fiesta. Pinky, como lo apodan a Rocha, estaba procesado por comercialización de estupefacientes, pero antes del casamiento había sido excarcelado. Brisa, en cambio, tenía prisión domiciliaria porque debía cuidar de sus dos hijos. Se fugaron tras las muertes y fueron atrapados un año después en Paraguay. Ahora, la pareja fue extraditada bajo fuertes medidas de seguridad.
En esa fiesta participaron jefes y segundas líneas de diferentes clanes narco. No todos se llevaban bien. Alguien vio bailando a uno de sus rivales y se activó un plan criminal. Apenas Iván Maximiliano Giménez, Érica Romero y a la hija de la pareja, una beba de un año y medio, fueron embocados y acribillados. Murieron los tres en el acto. El auto apareció luego incendiado a un kilómetro del lugar, con el cuerpo de Romero dentro. Todo un mensaje narco. Una forma de venganza que se encuentra más en México o Colombia que en nuestro país. Hasta en Rosario, que tiene a Iberlucea como eje narco con los clanes locales y que por entonces alcanzaba un pico de homicidios, llamó la atención la brutalidad del ajuste de cuentas. Los investigadores esperan que la extradición de la pareja permita avanzar en la trama oculta de esos asesinatos.
Giménez formaba parte de la organización narco que estaba al mando de Fabián Pelozo, un hombre que aspiraba a jugar en otras ligas del negocio criminal. Era socio del boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, quien está prófugo. Tiene documentos de identidad argentino y paraguayo. Este hombre alojó en su departamento de Barrio Norte, en la Capital, ubicado en Rodríguez Peña 1057, a uno de los líderes más poderosos de la organización brasileña Primer Comando Capital (PCC) Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, que fue detenido por la DEA y la Policía Federal de Brasil en Mozambique, al inicio de la pandemia.
El PCC es hoy unas de las preocupaciones centrales en la seguridad pública argentina. Las franquicias que genera esa organización criminal brasileña en otros países de la región se caracterizan por cambiar las reglas del juego en base a una extrema violencia. Eso queda en claro en las estadísticas. Una comparación entre un municipio del conurbano que causa la máxima preocupación por los asesinatos y un departamento paraguayo dominado por el PCC permitirá la visualización del riesgo.
Según el informe del Ministerio Público Fiscal bonaerense, la tasa de homicidios en La Matanza es de 8,11. Es la más alta de Buenos Aires. En el departamento paraguayo de Amambay, cuya capital es Pedro Juan Caballero, el lugar de despegue de las avionetas narco que bombardean en la Argentina la región del Litoral y que está copado por el PCC, la tasa de homicidio es abrumadora: 74, 7. esa cifra marca el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay.
La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado que una de las misiones prioritarias del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina será la búsqueda y captura de células del PCC que operan, por ahora en un nivel de tanteo del terreno, en nuestro país.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad Nacional detalló los casos en los que se había notado la presencia de integrantes del PCC: “Se identificaron 28 personas con vínculos con esta organización criminal. Ocho de estas se encuentran detenidas en unidades del sistema penitenciario federal y provincial, mientras que otras están en libertad, bajo investigación o con antecedentes de expulsión o extradición. Las pesquisas detectaron, además, prácticas propias del PCC dentro de cárceles argentinas, como ceremonias de iniciación y bautismo, en las que los nuevos miembros reciben un número de matrícula. Estas prácticas replican el modus operandi documentado en Brasil, donde el PCC construyó gran parte de su poder a partir de su influencia en el sistema carcelario!.
“Hay casos emblemáticos -se agregó- que dan cuenta del entramado criminal que el PCC viene tejiendo en la región y en Argentina. Entre ellos, la causa del ciudadano boliviano Jorge Adalid Granier y su vínculo con bandas criminales del Gran Rosario; el caso de Diego Dirisio, acusado de traficar armas desde Europa hacia el PCC; y la extradición de Emanuel ‘Liba´ Dos Santos, miembro bautizado del PCC, alojado en Ezeiza, donde habría compartido pabellón con Esteban Lindor Alvarado. Se suman, además, los casos de Elvis Riola de Andrade, detenido en Campana, y Sebastián Marset, con operaciones de tráfico intercontinental de cocaína que habrían incluido tránsito por territorio argentino”.
Una de las sospechas de la narcoboda es que los novios tenían contactos con el PCC. Su casamiento terminó con un triple homicidio. Aunque la extradición desde Paraguay no fue por esa sangrienta fiesta, sino por venta minorista de drogas. “Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, requeridos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento. Según una extensa investigación, integrarían la organización liderada por Olga ´Tata´ Medina, condenada por regentear zonas de venta de droga en Rosario y mantener vínculos con la banda de Los Monos”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional.
