El youtuber Julián Serrano (31) desmintió este miércoles tener vínculo alguno con el caso $LIBRA luego de que el dirigente social Juan Grabois denunciara su participación en el escándalo por la criptomoneda.
En un posteo en la red social X, Serrano sostuvo: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’.
“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, sumó.
Y completó el breve posteo con una advertencia: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.
Horas antes, Grabois había informado en la plataforma: “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación de Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas”.
La causa penal, que se abrió el pasado febrero, investiga un presunto fraude tipo rug-pull vinculado al lanzamiento y promoción de ese activo digital, que se disparó en valor tras ser mencionado por el presidente Javier Milei en sus redes oficiales y luego colapsó, generando pérdidas millonarias a inversores.
Entre los principales involucrados figuran, además de Milei, su hermana Karina —señalada por coordinar reuniones con los impulsores del proyecto—, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, supuesto creador de $LIBRA; Mauricio Novelli, quien habría facilitado el contacto entre Davis y Milei; y Manuel Terrones Godoy, vinculado a la organización de eventos utilizados para difundir la criptomoneda. También aparece mencionado Julian Peh, de la empresa singapurense KIP Protocol, que brindó soporte técnico a la plataforma.
La justicia argentina y el FBI en Estados Unidos investigan posibles delitos de estafa, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, así como eventuales pagos indirectos a funcionarios.
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