El fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario Lázaro Báez regrese a la cárcel para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero.
Báez cumple arresto domiciliario en una de sus estancias en la Patagonia. Su condena quedó firme porque la Corte Suprema de Justicia rechazó todos sus recursos.
Por eso, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 4 en el que pide que se haga el cómputo del tiempo que lleva detenido Báez y solicita que lo que falta por cumplir lo cumpla en la cárcel.
Ahora debe decidir el juez Norberto Costabel, que está cargo de la ejecución de la condena.
El fiscal también pidió que vayan a la cárcel Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin, abogado y contador de Báez, condenados a 6 años de prisión.
Con respecto a Martín Báez, el hijo del empresario, el fiscal entendió que corresponde que se disponga su libertad condicional por el plazo que lleva detenido desde 2016. Su condena fue de seis años y seis meses de prisión. La libertad condicional se obtiene con los dos tercios de la condena cumplida y buena conducta.
La semana pasada, la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero. En este caso, la Justicia determinó que Báez blanqueó fondos por unos 60 millones de dólares que se originaron en una evasión fiscal.
La Corte tomó la decisión por mayoría. Votaron por confirmar la condena Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces. En disidencia votó el juez Carlos Rosenkrantz, que se pronunció por enviar el caso a la Procuración.
La maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal.
El caso es recordado por las imágenes en televisión que presentó el periodista Jorge Lanata. Se veía allí a uno los principales acusados contando dólares en la Rosadita, como se conocía a la financiera clandestina de Puerto Madero que movía el dinero al exterior.
El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Pérez Gadin. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Lázaro Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por US$ 54.872.866,69.
El dinero salió del país, fue depositado en el extranjero y ingresó a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras empresas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
El juicio oral ocurrió entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Elaskar, y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.
