El pedido de detención del dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel Fernando García Furfaro (49), parte de su familia, socios, directivos y técnicos revela algo más que la sospecha firme por una presunta responsabilidad de los imputados en la muerte de pacientes a los que les suministraron fentanilo contaminado. Deja al descubierto serios cuestionamientos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por su rol como organismo público encargado del control de los laboratorios.La solicitud que el miércoles a la noche ejecutó el juez federal Ernesto Kreplak, y que terminó con García Furfaro entregándose a la PSA, fue realizada por la fiscalía Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta en colaboración con el responsable de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.También tomó intervención en este proceso que comenzó hace hoy 100 días, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Es decir, el Ministerio Público tiene elementos para suponer que algún organismo oficial actuó mal. Y que deben establecerse las responsabilidades en esta hipotética irregularidad.Por eso decidieron poner el foco en investigar si la “ineficiencia recurrente en la tarea de los organismos públicos encargados del control de los laboratorios podría eventualmente constituir negligencia, connivencia o complicidad en los sucesos investigados”.Primera consecuencia de esta revelación: ANMAT decidió desplazar de su cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ese organismo fue allanado hace casi dos meses por Kreplak. Algunos documentos que requirió por oficio no se los habían entregado a la Justicia. Y el INAME es el ente que se encargaba de los controles y también de las inspecciones en las empresas elaboradoras.Según informó el sitio oficial Fiscales, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, para llegar a esta imputación y al pedido de detención se tomó en cuenta un trabajo de la PIA sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios. Roteta les pidió a sus colegas que analice 273 expedientes administrativos. El resultado de esa evaluación “permitió impulsar la acción penal para analizar la actuación del organismo regulador”, explican en la nota difundida por el sitio oficial. ¿Habrá una derivación del caso, con una investigación sobre el ANMAT, un organismo que depende del ministerio de Salud de la Nación? Es una arista no descartada en fuentes judiciales.A los 10 detenidos en el atardecer y la noche del miércoles les atribuyen un delito contemplado en el artículo 201 del Código Penal: reprime al que “adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso resultare la muerte de alguna persona”. Tiene condenas previstas de entre 10 y 25 años. Casi idénticas a un homicidio simple.Se desprende esta acusación luego de comprobar posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma. Estos lotes “salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia”. También es el resultado de las graves falencias estructurales en los procesos de producción del medicamento. Fueron “determinantes para que los lotes de fentanilo salieran contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto”, escribieron los fiscales en su pedido al juez Kreplak.Es por eso que entre los imputados, detenidos desde hace unas horas, figuran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García, su madre Nilda Furfaro, Damián Garcia Furfaro, Diego García Furfaro (hermanos de Ariel), José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.Según el dictamen fiscal, “las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado”.Esta semana, con el resultado de la pericia del Cuerpo Médico Forense, se “consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas”.La intervención de la PROCUNAR está sostenida en la hipótesis de “posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal, lo que implica infracciones a la ley de drogas”. El desvío de cantidad fue también objeto de imputación.

El escándalo del fentanilo contaminado: los fiscales apuntaron a la actuación de la ANMAT | FM Avenida
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