El Gobierno sospecha que los bancos no están declarando en tiempo y forma los ingresos por débitos y créditos bancarios, es decir el porcentaje impositivo que retienen por cada transacción de estas características (llamada habitualmente impuesto al cheque) que es de 1,2%, pero en volumen de movimientos llega a cifras millonarias.
La denuncia que preparan en el Gobierno es por el incumplimiento de los pagos, que los propios bancos como agentes de retención tienen que realizar por cada quincena al fisco sobre las retenciones aplicadas a sus clientes.
Al banco que no cumpla se les cobrará una multa y se le realizará una denuncia penal. Para tener un número aproximado, una de las entidades apuntadas realizó transacciones por 2.200 millones de pesos en el mes.
El año pasado, la recaudación del impuesto al cheque fue de 9.417.135 millones de pesos, lo que significó un aumento interanual de casi 200%. Además, representa alrededor del 7% del ingreso que se percibe por impuestos y es el cuarto en la escala recaudatoria detrás del IVA, Seguridad Social e Impuesto a las Ganancias.
Cabe recordar que las acreditaciones de préstamos, sueldos, jubilaciones, pensiones y movimientos entre cuentas del mismo titular no pagan el impuesto al cheque.
La puesta en marcha de la investigación no es casual. De hecho, el foco puesto en la recaudación está atado a los últimos anuncios oficiales y que están vinculados a los ‘dólares del colchón’.
Ayer el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley con el objetivo de darle alguna señal de blindaje a los ahorristas que tienen los dólares ahorrados fuera del sistema financiero y deciden ingresarlo con la compra de bienes o de inversiones financieras.
En el proyecto hay una reforma sustancial en cuanto a los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investigará evasiones. Hoy el monto ‘de perdón’ para los evasores es 1.500.000 pesos y el proyecto propone investigar a partir de 100.000.000 pesos.
También se reducen los tiempos de prescripción del delito de evasión tributaria a 3 años y limita a la propia agencia de recaudación a realizar denuncias penales.
