Mientras miles de personas se manifestaban frente al Congreso en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en distintos puntos del país se replicaban protestas más pequeñas, pero igual de sentidas. En Munro, provincia de Buenos Aires, el Centro de Día Casa de Todos fue uno de lo que decidió salir a la vereda con pancartas y cacerolas para visibilizar el impacto del recorte. Su responsable general, Lucila Morel Quirno, habló con LANOTICIA1.COM y describió una realidad cada vez más angustiante: centros al borde del cierre, familias que no llegan a cubrir los gastos y un Estado que, según denuncia, dejó de escuchar.
Entrevista a Lucila Morel Quirno
Responsable general del Centro de Día Casa de Todos, Munro y Don Torcuato
¿Por qué decidieron manifestarse en la puerta del centro en lugar de ir al Congreso?
La movilización en el Congreso se organizó de un día para el otro y para nosotros era difícil trasladarnos con los jóvenes, que tienen discapacidad motora. Por eso salimos a la vereda, para visibilizar lo que pasa en nuestro sector. Queríamos concientizar a los vecinos y a quienes pasaban por la calle sobre lo que significa este veto para el área de discapacidad. Es nuestro granito de arena.
¿Qué consecuencias concretas tiene el veto a la ley para ustedes?
Lo que más nos afecta es que se frena la actualización automática de aranceles, que es lo que nos permite sostener la institución. Nosotros vivimos de esos aranceles, que salen de un fondo solidario. Desde diciembre no hay aumentos reales y todo sube: alquiler, insumos, servicios. Si no se equiparan los valores con la inflación, muchas instituciones van a seguir cerrando.
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¿Qué papel juega el Estado en este contexto?
El directorio de discapacidad, que debería reunirse para discutir estas cuestiones, no funciona desde el año pasado. No hay ninguna mesa donde se pueda plantear una negociación o al menos un intercambio. Entiendo que haya que auditar o controlar, pero no pueden pagar justos por pecadores. Necesitamos que se reactive el diálogo.
¿Cómo impacta esto en las familias?
Muchísimo. Las familias son quienes están 24/7 con sus hijos. Nosotros cubrimos una parte del día, pero después todo recae sobre ellas. Hay gastos constantes, desde apoyos hasta ortesis y medicamentos, y cada vez más cosas quedan afuera de la cobertura. Si el Estado se corre, todo eso queda en manos de familias que muchas veces no tienen cómo sostenerlo.
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¿Qué le dirías al presidente y a los legisladores?
Que se pongan en el lugar de las personas con discapacidad. Que piensen cuánto representa en el presupuesto nacional dar un aumento que solo se acerque a la inflación. No es mucho, pero para nosotros cambia todo. Y que no nos ignoren más. La Argentina firmó la convención de los derechos de las personas con discapacidad, eso implica compromisos que hoy no se están cumpliendo.
¿Cómo es sostener una institución en este contexto?
Muy difícil. Nosotros seguimos brindando la misma calidad en comida y atención, pero es cada vez más complejo. Las obras sociales nos pagan con meses de atraso —recién ahora cobramos enero—. Los transportistas no pueden cubrir los costos, porque la nafta sube y los valores que les pagan no. Es una cadena que se está desmoronando.
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¿Desde cuándo trabajan en el área de discapacidad?
La sede Munro funciona desde 2018, pero yo trabajo en discapacidad hace muchos años, soy terapista ocupacional. Esta situación no es nueva, pero ahora se agravó por la falta total de canales de discusión. Eso es lo más desesperante: no tener a quién contarle lo que necesitamos.
¿Qué sentís frente a este panorama?
Es triste y desgastante. Hay chicos que, además de venir al centro, necesitan tratamientos de salud, medicación, ortesis. Y si todo se reduce, eso impacta directamente en su bienestar. No se trata solo de plata, se trata de derechos y de salud.
