El sábado, en la transmisión de Sin Galera, el coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, Julio Pérez Carreto respondió preguntas y dio detalles respecto de los procedimientos en causas que investigan estafas virtuales.
Durante la entrevista, Lilí Berardi le consultó respecto de qué opciones barajan en el área para accionar ante las metodologías aplicadas de forma recurrente por el delincuente local, el Estafador QR.
El reconocido estafador genera bronca e indignación en las redes sociales, donde decenas de ciudadanos reclaman por una resolución y por la disposición de una sentencia para el hombre.
Ramiro planteó: “No entiendo, ¿cómo roba, estafa, amenaza y nunca termina preso? y Gonzalo preguntó: “¿Tiene convenio con el juez? Siempre está libre. Tremendo sin vergüenza, ya ni disimula que es un estafador”.
“Los jueces son un desastre, pero acá en San Pedro es todo una joda. Por eso siempre voy a decir justicia por mano propia, a estos, a los ratas que roban y a los que te sacan la moto porque quieren”, dijo Fernando.
Irene expresó: “Me pregunto si hay algo más detrás de este delincuente. No quiero pensar mal, pero es extraño que no hayan hecho nada al respecto”.
A fines de marzo, la policía allanó la casa del estafador ubicada en la zona de Bajada al Puerto, pero fue liberado pocas horas más tarde, tras ser notificado de la formación una nueva causa en su contra, por orden de la Justicia.
Al recuperar su libertad, Rodrigo Belmonte, continúo con sus “andanzas”. Intentó estafar a un ciudadano que “zafó” porque no tenía efectivo y robó un celular del Hospital Emilio Ruffa, provocando que la Municipalidad advirtiera que el número había sido “hackeado”.
Respecto del tema, Julio Pérez Carreto confirmó que la metodología aplicada por el hombre corresponde al “delito de estafa” y que, en estos casos, la utilización de un “medio tecnológico es indiferente“.
Refirió que “el problema” con este tipo de hechos es que dentro de la Ley de Delitos Informáticos —sancionada en el año 2008— no aparecen ni la noción de “evidencia digital“, ni la palabra “teléfono celular“.
“Si es una estafa de 150.000 mil pesos contra un jubilado que cobra la mínima, es mucha plata que pierde el damnificado“, consideró el especialista.
“Nosotros tenemos muchos problemas a nivel legislativo. Si se contemplaran este tipo de circunstancias en el delito de estafa, no solamente por la parte digital, sino por el perjuicio que se causa a la víctima se podría trabajar de otra manera“, concluyó el referente del área del Departamento Judicial de San Nicolás.
