El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió no procesar y dictó falta de mérito para el intendente Cecilio Salazar a los funcionarios Mariano Brañas y Ariel Álvarez y a los exfuncionarios Javier Silva y Jorge Ponzio en la causa que investiga la contaminación del río Paraná por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.AdsEl magistrado consideró que “por el momento” no hay elementos suficientes como para “ordenar el procesamiento de los imputados ni tampoco para sobreseerlos”, por lo que dispuso la falta de mérito para los cinco.”No basta simplemente con contaminar, sino que dicha contaminación debe implicar un riesgo o peligro para la salud pública”, dijo en su fallo Villafuerte Ruzo. Además, consideró que para establecerlo, deberá analizar “el caso concreto y con el auxilio de especialistas en la materia”.AdsComo en la causa no hay “constancias o estadísticas médicas de atenciones sanitarias relacionadas a afecciones en la salud originadas particularmente por la presencia en el Paraná de desechos cloacales sin tratamiento previo”, el juez dispuso la falta de mérito y pidió al Gobierno que le envíe información.Así, ordenó a la Secretaría de Salud que remita “informes estadísticos respecto a diagnósticos relacionados a afecciones a la salud derivadas o transmitidas por agua contaminada por desechos cloacales, desde el año 2022 a la actualidad”.AdsDe la misma manera, requirió a la empresa a cargo de los estudios para la proyección de una nueva planta depuradora que eleve el informe final del denominado “proyecto de optimización y ampliación del sistema de desagües cloacales de la ciudad de San Pedro”.Villafuerte Ruzo consideró que el Paraná, “como todo río, posee su capacidad de autodepuración”.El juez se preguntó si “¿sería posible la interrupción de los vuelcos de los desechos crudos al río Paraná hasta contar con la información científica sobre su capacidad de autodepuración?” y se respondió: “Una respuesta positiva llevaría indefectiblemente a una situación nada agradable cuya descripción se omitirá”.Ello porque San Pedro no tiene otra opción: arroja los desechos cloacales al río desde 1982, cuando quedó fuera de servicio la planta depuradora ubicada en Rómulo Naón al 500.AdsDe todas maneras, el juez consideró que “resulta llamativa la ausencia de una política preventiva y de un sistema de contralor y sancionador no penal”, puesto que si no hay depuradora hace más de 40 años, cómo es posible que no haya habido acciones administrativas más eficaces para solucionarlo.Salazar y los funcionarios del gabinete involucrados en la causa fueron imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “contaminación ambiental”. La investigación comenzó tras una denuncia de una ONG por los efluentes de la empresa Ingredion en Baradero.Cuando el Juzgado de Campana a cargo de esa causa mandó a hacer análisis del agua en el río, se encontró con altos niveles de contaminación fecal previa, por lo que derivó los resultados a la Justicia Federal con competencia en San Pedro, que es la de San Nicolás.La Fiscalía ordenó tomar muestras en la zona portuaria y en inmediaciones del Buque Museo para constatar que el vuelco de efluentes cloacales al río “no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio” en vigencia.Por la causa hubo allanamientos en la Municipalidad y el fiscal Matías di Lello requirió documentación al Concejo Deliberante. Entre las personas citadas a declarar estuvo el director provincial de Agua y Cloacas bonaerenses, quien dijo que no había recibido “ningún proyecto relacionado” con la planta depuradora.Ello fue antes de que se incluyera en el presupuesto provincial 2025 la elaboración del informe y proyecto, tarea que hizo la empresa 5 de Septiembre, cuyo resultado señaló que San Pedro necesitará inversión externa puesto que una nueva planta depuradora tiene un costo millonario en dólares.Puede interesarte

Falta de mérito para el intendente y funcionarios en la causa por contaminación del río por efluentes cloacales | FM Avenida
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