Se suele decir que ordenando la “macroeconomía”, entendida ésta como las variables agregadas como es el PIB, la inflación, el desempleo y las políticas generales en materia económica, inexorablemente llega el momento de hacer lo propio con la “microeconomía”, que es la rama que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales –sean éstos consumidores, empresas, sindicatos, trabajadores y su interacción en los mercados.
Pues bien, una cultura inflacionaria ha concebido instituciones bajo esa impronta y la negociación salarial centralizada y por actividad es una de ellas.
Así como la inflación suele presentarse como esa niebla que impide apreciar con nitidez los fundamentos de cada actividad productiva, operando como un verdadero “pacto de ineficiencia” donde cada agente le traslada a los demás sus propias inconsistencias, cuando la misma se disipa es como si se retiraran las aguas, quedando expuestas las debilidades, improductividades y demás desajustes que para ser corregidas exigen una profunda revisión de los mecanismos que durante décadas facilitaron transferirle al otro los problemas propios, retroalimentando un circulo vicioso que puede terminar conspirando contra cualquier programa de estabilización económica.
Dentro del ámbito de las relaciones laborales la negociación colectiva en materia salarial es uno de esos mecanismos que se comporta a favor de sostener esos pactos que deben desactivarse, de lo contrario se seguirán acumulando innumerables tensiones.
Tal vez la más reciente por su actualidad e impacto sea la negociación salarial en la actividad de comercio y el acuerdo alcanzado entre las partes –FAECyS/CAC-CAME- y que el Gobierno ha decidido no homologar por apartarse de los parámetros que garanticen evitar el traslado de mayores costos a los precios de los bienes y servicios en un contexto de lucha abierta contra la inflación.
La mayor negociación paritaria nacional cuantitativamente hablando en el país es justamente la de la actividad de comercio y que comprende a 1.200.000 trabajadores aproximadamente, resultando indispensable que dentro de la negociación tripartita que caracteriza a nuestro modelo, los acuerdos que se alcancen solo puedan llegar a la totalidad de los empleadores y trabajadores formalmente representados, si son homologados por la Autoridad Laboral nacional. En este caso cámaras empresarias y sindicato arribaron a un entendimiento que incrementa los salarios básicos en el trimestre “Abril/junio” por encima del 1% mensual que ha sido la pauta aproximada y definida por el Gobierno para homologar los acuerdos salariales.
Es indispensable entender que cada punto porcentual de incremento salarial que se acuerda a nivel centralizado, para regir en todo el país y sin atender las enormes asimetrías y realidades vigentes en cada región, representa un piso o base mínima sobre la cual se apoyaran otros aumentos salariales asociados y que cada empleador debe asumir con independencia de cómo se desenvuelva su propia actividad, el mercado al que sirva, los ingresos que obtenga, la carga impositiva que soporte, los volumen de ventas y por cierto, su productividad.
En el caso de la negociación que hoy es materia de polémica y hasta hace pocos meses fueron otras tantas, a cada punto porcentual de aumento sobre los salarios básicos, la remuneración se aumenta en un 0,93% adicional, solo en concepto de Antigüedad, entre otros adicionales que puedan regir en determinadas ramas de esa actividad o en las propias empresas y esto es tanto para los grandes comercios –hipermercados, tiendas y supermercados-, como para los micro empleadores, sin importar las condiciones de entorno de su negocio.
Se presenta entonces un esquema de negociación que no reconoce las profundas diferencias regionales e incluso entre empleadores dentro de un mismo sector, no permite que incida en el salario la mayor productividad o eficiencia que cada agente obtenga, representando entonces un nuevo “pacto de ineficiencia” con incidencia micro económica, a diferencia del fenómeno inflacionario en la macroeconomía.
Habilitar negociaciones salariales descentralizadas o articuladas por rama o sector y entre sindicatos, cámaras empresarias y/o empleadores se impone, para así desarmar este otro “pacto” que en la actualidad contribuye a desalentar el empleo o empujar las relaciones de trabajo y/o salarios a la clandestinidad como una estrategia de supervivencia.
No desarticular esquemas de negociación centralizadas que en algunos casos ha propiciado que algunas cámaras empresarias y sindicatos la utilicen en el margen hasta para depurar su propia competencia, fijando salarios por encima de las posibilidades de pago de empleadores en la periferia y dentro de la misma actividad, continuará tensando las negociaciones e incluso desafiando la legitimidad representativa real de cámaras empresarias y sindicatos, que reciben reproches de sus propios asociados por los efectos derivados de una negociación que evidencia un problema de diseño que necesita ser revisado.
Justamente cuando se plantean reformas laborales de segunda generación, de lo que se trata es de atacar estas distorsiones que lamentablemente aún no integran la agenda de reformas por venir, o cuanto menos en aquellas que hoy se enumeran en los distintos proyectos de modernización de las relaciones del trabajo. No estuvieron en el DNU N° 70/2023, tampoco en el Capítulo Laboral de la Ley Bases y no se corporizan en las iniciativas como el “Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”.
Para que una economía consolide un plan de estabilización con baja inflación, necesita incorporar instituciones y prácticas que contribuyan a preservar valores como la libertad de negociar entre los actores sociales; permitir un real sinceramiento de la estructura y los contenidos salariales convencionales que se acuerden y fomentar la introducción de criterios de productividad, inversiones, incorporación de tecnología, sistemas de formación profesionales, entre otras aspectos que en la actualidad el modelo de negociación colectiva previsto en la Ley 14.250, modificado en marzo de 2003 por la Ley 25.877 no facilita, por el contrario, desalienta.
Durante la convertibilidad, etapa que representó el mayor período de estabilidad, más allá de las inconsistencias macroeconómicas que fue acumulando, se propiciaron herramientas destinadas a desactivar estos pactos de ineficiencia.
Ese fue el caso del Decreto N° 470/1993, a través del cual el Poder Ejecutivo propició esa descentralización y apertura de negociaciones en distintos niveles, mecanismo que evitaría construir cepos virtuales, limitaciones o interferencias estatales en la negociación salarial, conducta reñida con el principio de libertad de negociación y otras premisas que integran Convenios internacionales vigentes y que la Argentina debe honrar.
