El juez José Ricardo Eseverri ordenó el desalojo compulsivo del club Pesca y Casting para la devolución del predio al Consorcio de Gestión del Puerto y la comisión directiva comenzó a retirar los elementos que había dentro del camping.
La medida dictada por el magistrado a solicitud del Consorcio luego de que se venciera el plazo otorgado para sacar las cosas implicaba el uso de la fuerza pública, que no fue necesario porque finalmente las autoridades del club accedieron a retirarse.
El movimiento en Pesca y Casting implica quitar las casillas que fueron montadas por los socios del club, las casas rodantes que estaban ubicadas en el predio y otros objetos que pertenecen a la comisión directiva.
Lorena Milesi, presidenta de la entidad, estaba presente y atendió este viernes al responsable de las notificaciones del Juzgado, mientras continuaban las tareas para sacar todo lo que había en el predio.
Vecinos de la zona informaron que el movimiento comenzó el jueves al mediodía y que desde entonces se ve gente que entra y sale, sacando cosas de adentro del club, que dejaban en la calle.
Las casas rodantes que quedaron estacionadas en avenida España en la zona de Bajada al Puerto será retiradas por sus propietarios, informaron desde el club. Un camión y una camioneta se ocupaban, por su parte, de llevarse las cosas que serían propiedad de la comisión directiva.
Así, tras más de 15 años de litigio, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro recupera el predio de Pesca y Casting que ese club utilizó desde los años 70 y cuyo último contrato de uso precario se formalizó en el año 2000 y venció en 2005.
Desde entonces, el Consorcio pidió la restitución de ese espacio público a la órbita de la provincia de Buenos Aires, adonde pertenece, pero la comisión directiva hizo caso omiso y resistió.
Ello obligó a recurrir a la Justicia. La causa tramitó en el Juzgado Civil y Comercial n.° 2 de San Nicolás, que el año pasado dictó una sentencia que fue ratificada por la Cámara.
En marzo venció el plazo de 90 días que tenía el club para desalojar sin intervención de la fuerza pública.
Desde entonces, el Consorcio pidió al juez que dictara la orden urgente de desalojo, ante el temor de que la situación derivara en una nueva intrusión, lo que finalmente el juez hizo con fecha 16 de mayo, notificada esta semana a las partes.
En 2017, el Gobierno municipal ordenó la clausura del camping por carecer de habilitación comercial y dispuso cortar el servicio de agua medida que pagaba el club.
En ese marco, la Dirección de Turismo anunció los planes del Municipio de abrir una playa pública en ese espacio cuando el Puerto lo recuperara.
La comisión directiva resistió, una vez más, y no cedió. Decidieron quedarse, siguieron cobrando la cuota social y el alquiler a quienes tenían casillas de fin de semana o casas rodantes.
En junio del año pasado, un hombre sindicado como presunto cuidador del predio falleció y sfue hallado por turistas dentro de una camioneta. La autopsia reveló “muerte natural”.
Ahora, tras el desalojo, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro queda librado a decidir qué hacer con ese predio donde alguna vez funcionó una playa que disfrutaban sampedrinos y turistas.
