La frontera norte de Argentina, ese extenso borde que conecta al país con Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, representa uno de los mayores retos estratégicos, geopolíticos y de seguridad del siglo XXI.
Con más de 2.800 kilómetros de extensión y una geografía tan diversa como desafiante, se ha convertido en una bisagra geopolítica entre los océanos Atlántico y Pacífico y en un escenario cada vez más codiciado por proyectos de inversión e intereses ilegales.
El norte argentino no es solo frontera: es punto de conexión bioceánico entre los puertos del Pacífico chileno y el polo industrial del sur brasileño. Además, concentra riquezas naturales como litio, tierras raras, el Acuífero Guaraní y una parte clave del sistema energético nacional, como la represa Yacyretá. Estos elementos no solo dotan de relevancia económica y estratégica a la región, sino que hacen urgente su protección frente a amenazas del crimen organizado transnacional y la necesidad de asegurar infraestructuras críticas que se van desplegando.
El principal problema no radica solo en la extensión territorial, sino en la debilidad estructural del Estado en su abordaje. La falta de coordinación entre agencias, la superposición de funciones y enfoques reactivos han permitido que redes delictivas —con lógica empresarial— encuentren en la frontera un terreno fértil para operar. La geografía accidentada y la multiplicidad de pasos fronterizos informales agravan el problema.
El resultado: una vigilancia ineficaz, un control limitado y una presencia estatal dispersa.
Superarlo trae aparejado una transformación integral del modelo de gestión fronterizo dejando de lado posiciones basadas en viejas antinomias. La clave está en abandonar la fragmentación y construir una red sistémica e integrada, con fuerte base tecnológica, que permita tanto monitorear como actuar.
Este nuevo paradigma exige una vigilancia estratégica basada en nuevas tecnologías – generalmente aportadas por capacidades militares – tales como sensores remotos, drones, radares, inteligencia artificial y comunicaciones seguras que converjan sobre nodos de monitoreo, uno por cada uno de los 16 entornos geográficos que particularizan su extensión, capaces de dirigir el despliegue y redespliegue del esfuerzo diario de vigilancia. Y centros de control interagenciales regionales ubicados en ciudades cabeceras como Salta, Resistencia, Posadas y Rosario, que centralicen decisiones de actuación con participación de todos los organismos involucrados.
La tarea no puede ni debe recaer únicamente en Fuerzas Armadas y de Seguridad. Un verdadero modelo interagencial debe integrar a la Justicia Federal, para asegurar su legalidad y capacidad de acción penal inmediata; al Ministerio de Relaciones Exteriores, para actuar ante incidentes que involucre países vecinos; a la Dirección Nacional de Migraciones, para el control de flujos humanos; a la Aduana, para combatir el contrabando y comercio ilegal; al SENASA, para impedir el ingreso de plagas o enfermedades zoonóticas; y a la Administración de Parques Nacionales, con responsabilidad en la conservación de áreas naturales fronterizas, entre otros.
Asimismo, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego debe participar en prevención de incendios transfronterizos y la Agencia Federal de Inteligencia, en el monitoreo de amenazas complejas. Gobiernos provinciales y hasta empresas privadas con interés en infraestructuras y dominio de nuevas tecnologías asociadas a la vigilancia también tienen un rol a cumplir.
Es imprescindible que el rediseño contemple, a modo de precepto, el viejo dicho popular de “zapatero a su zapato”. Las Fuerzas Armadas deben cumplir su rol sin invadir funciones de seguridad interna y las Fuerzas de Seguridad deben evitar asumir roles militares. Solo mediante una clara división de responsabilidades y una cooperación basada en capacidades reales de cada una de las partes se podrá evitar el derroche de recursos y errores operativos, tendiendo, por el contrario, hacia una eficiente sinergia.
La vigilancia puede estar en gran medida a cargo de las Fuerzas Armadas mediante infraestructura tecnológica, mientras que el control físico sobre el terreno debe recaer en las Fuerzas de Seguridad, apoyadas cuando sea necesario con logística militar. Todo esto articulado mediante equipos interdisciplinarios en la toma de decisiones y con capacidad de respuesta inmediata y legalmente respaldada, que transforme su porosidad en un verdadero “Gran Hermano Controlado”.
Es conveniente considerar ejemplos internacionales como el del Reino Unido, que involucra a referentes tecnológicos en la protección de infraestructuras críticas, como los cables de fibra óptica submarinos y a empresas asociadas a la infraestructura critica existente en el esfuerzo presupuestario. Argentina podría replicar un esquema similar incorporando al sector privado en áreas tecnológicas y esquemas de financiamiento.
Para que esto sea posible, se necesita más que una reestructuración técnica: se requiere una verdadera política de Estado. Un esfuerzo interministerial e interagencial que prime el interés nacional por sobre las agendas sectoriales. Y, sobre todo, liderazgo político capaz de formular una visión común, creativa y superadora.
En un mundo donde la geopolítica vuelve a jugar en todos los tableros, la frontera norte es mucho más que un límite territorial. Es un punto de inflexión entre el pasado y un futuro que puede encontrar en esta región su plataforma de desarrollo o su mayor vulnerabilidad.
