Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) San Nicolás estuvo este domingo por la noche en San Pedro para desarrollar operativos de saturación en distintos barrios.
Junto a efectivos de la Comisaría local y con la coordinación de la Secretaría de Seguridad municipal, la tarea estuvo enfocada en la prevención de delitos en diversas zonas de la ciudad.
Para ello, recorrieron una serie de puntos en los que procedieron a “requisas preventivas” de transeúntes, a quienes identificaban y revisaban en la vía pública.

El resultado de la tarea desplegada fue la aprehensión de cuatro personas con cantidades ínfimas de drogas, a quienes trasladaron a la Comisaría para notificarles una causa que tendrá destino de archivo: tenencia de estupefacientes para consumo personal.
La jurisprudencia en la Argentina establece que cuando llegan a Fiscalía, esas causas deben ser archivadas porque la tenencia de drogas en cantidades ínfimas para consumo personal no es considerada delito en la instancia judicial, aunque a los efectos de la intervención policial lo es.
Los aprehendidos fueron interceptados el primero en la zona de Tucumán y Miguel Porta; el segundo, en 11 de Septiembre y Aulí, en el barrio 104 Viviendas; el tercero en el barrio Fonavi II; y el cuarto, en la zona de Independencia y calle 72.

Tres de ellos tenían cantidades ínfimas de marihuana y el restante, una mínima dosis de cocaína. La criminalización de la tenencia fue declarada inconstitucional en la medida en que esa conducta no implique peligros concretos o daños a derechos y bienes de terceros.
En un reciente fallo que absolvió a dos personas acusadas de comercializar estupefacientes, el juez Anselmo González advirtió que “no resulta respetuoso de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad (arts. 1º y 18, CN) el que la problemática que representan las conductas de tenencia de estupefacientes destinados al consumo personal sea alcanzada por una política criminal sancionadora de los consumidores”.
Además, el juez advirtió que la ley que pena la venta de drogas “fue ideada con el fin de perseguir y desarticular a las grandes organizaciones dedicadas a las distintas modalidades del tráfico de estupefacientes“, y sin embargo “el grueso de las investigaciones” se orientan a “reprimir hechos de insignificante trascendencia y lesividad“.