Una legislación aprobada en ambas cámaras estatales y firmada recientemente por el gobernador Ron DeSantis puso a Cuba en el centro de una ofensiva política y tecnológica. Se trata del proyecto de ley SB 768, titulado Foreign Countries of Concern, una iniciativa que busca endurecer las condiciones para cualquier vínculo científico, comercial o tecnológico con ciertas naciones considerados enemigos estratégicos por Estados Unidos. Entrará en vigor el 1° de julio de 2025 y apunta directamente a la isla caribeña, entre otras seis naciones.
El texto legislativo modifica secciones clave de los Estatutos de Florida para impedir el uso de software de origen extranjero en laboratorios de salud pública, así como establecer controles más estrictos sobre los intereses financieros de entidades vinculadas a naciones consideradas “de preocupación”.
La ley introduce prohibiciones explícitas sobre el uso de programas operativos o de investigación genética desarrollados por gobiernos, empresas estatales o firmas privadas radicadas en los países señalados.
Estas naciones fueron identificadas como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y, por ende, no podrán tener ningún tipo de influencia tecnológica en los procesos sanitarios del estado.
La lista de países prohibidos incluye:
Según el texto aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes de Florida, esta decisión responde a una necesidad de garantizar que ningún sistema de secuenciación genética o base operativa provenga de entornos tecnológicos sospechosos o inseguros.
Si bien muchos desarrollos científicos cubanos no tienen presencia directa en Estados Unidos, esta nueva legislación amplía las barreras ya existentes. De acuerdo con el portal CiberCuba, la ley representa un paso más en el aislamiento de la isla dentro del panorama científico global, particularmente en el estado con mayor número de residentes de origen cubano.
La norma prohíbe expresamente el uso de cualquier software de origen cubano en laboratorios públicos del estado. Esto implica que incluso herramientas desarrolladas para secuenciación genética, diagnóstico de enfermedades o tratamiento de datos biomédicos quedarán vetadas si provienen de la Isla, aun si su uso resulta crítico para investigaciones médicas.
Las implicancias directas para Cuba incluyen:
Este tipo de medidas agrava la ya tensa relación entre el gobierno de Florida y el régimen cubano. Además, fortalece la línea dura que DeSantis ha sostenido desde el inicio de su mandato con respecto a países con regímenes que considera autoritarios.
Florida alberga la mayor comunidad cubano-americana fuera de la isla, y esta ley podría generar efectos indirectos sobre profesionales e investigadores nacidos en Cuba o con vínculos familiares allí. Instituciones de investigación, hospitales, universidades y centros de salud que dependan de software extranjero deberán revisar sus contratos y relaciones comerciales para evitar sanciones o pérdida de licencias.
Los impactos posibles para cubano-americanos en Florida incluyen:
A pesar de que la ley contempla algunas excepciones y evita imponer responsabilidad civil o criminal en caso de desconocimiento comprobado, su implementación marca una nueva fase en la política de exclusión hacia Cuba dentro del sistema institucional de Florida.
Según CiberCuba, esta legislación puede interpretarse como un nuevo bloqueo indirecto a la ciencia cubana, al limitar las oportunidades de intercambios y cooperación tecnológica que pudieran haberse desarrollado con instituciones floridanas.
