El Consejo Profesional de Química bonaerense, que representa a matriculados que prestan servicios relacionados emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación “ante la contaminación desmedida de los afluentes del Río de La Plata” y reclamó “acciones urgentes” al Gobierno provincial.
Con una fotografía de las que el Consorcio de Gestión del Puerto tomó con drones en el marco de la varadura del buque Yasa Tokyo, los profesionales químicos se hicieron eco de la “mancha de caca” y expresaron su posición.
En ese marco, manifestaron “pofunda preocupación ante la contaminación desmedida registrada en los cursos de agua que atraviesan el territorio provincial y conectan con el Río de La Plata” y que causan “irreversibles daños tanto a la población como al ambiente“.
Aseguraron que las “afectaciones ocasionadas” obedecen a “una falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires” sobre actividades industriales y agropecuarias.
Señalaron, además, “el accionar negligente a cargo de las empresas responsables de realizar el debido tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes cloacales“.
Como ejemplo de esa preocupación señalaron los “altos niveles de metales pesados o de productos fitosanitarios registrados en las aguas del Río de La Plata“, la ocasión en la que el arroyo Sarandí “se tiñó de rojo” y “la mancha de aguas servidas presente en el puerto de San Pedro, como así también a los desechos cloacales que se vierten al río en la localidad de Berisso, sin tratamiento alguno por parte de la empresa estatal ABSA”.
Advirtieron que estas situaciones “vulneran cotidianamente el derecho a la población a un ambiente sano, los cuales se perpetran en un contexto generalizado de ‘libre hacer’ favorecido por las entidades gubernamentales encargadas de hacer cumplir las normativas vigentes y aplicar sanciones en tal sentido”.
El Consejo Profesional de Química bonaerense pidió que se haga cumplir la ley que establece “la matriculación obligatoria de todo personal abocado a tareas vinculadas con la manipulación de productos químicos, y define un marco de cumplimiento de los protocolos vigentes de seguridad e higiene”.
A su vez, pidió al Gobierno de Axel Kicillof que aplique “las políticas y acciones necesarias de modo que la actividad industrial y empresarial sea desarrollada bajo la ineludible obligación del cumplimiento de la Ley, y los protocolos sanitarios y ambientales“.
En San Pedro, por el vertido de efluentes cloacales al río sin tratamiento alguno hay una causa penal que tramita en la Fiscalía federal de Matías di Lello y que tiene como imputados al intendente Cecilio Salazar y a funcionarios y exfuncionarios de su gabinete.
La causa, iniciada por una ONG ambientalista por vertidos industriales en el riacho Baradero, dispuso una serie de estudios que revelaron la presencia de materia fecal en el río, proveniente del vertedero de los efluentes cloacales de San Pedro, en inmediaciones del puerto.
La ciudad carece de tratamiento de los desechos cloacales desde que la planta depuradora fue clausurada en 1982. El año pasado, tras la causa penal, el Gobierno provincial dispuso en su presupuesto recursos para un estudio que permita avanzar en la resolución de la problemática.
