La empresa que ordenó demoler la histórica estación del Ferrocarril Depietri pagó la sanción que impuso el Juzgado de Faltas, por lo que en términos administrativos se terminó el asunto con una multa de poco más de dos millones trescientos mil pesos.
El Municipio había radicado una denuncia penal desde la Subsecretaría Legal y Técnica, tras lo que, semanas después, Obras Públicas envió un inspector para constatar lo que La Opinión había publicado alrededor de un mes antes: habían tirado abajo una de las estaciones del antiguo Ferrocarril Depietri en ruta 191.
Con la notificación, comenzó la actuación administrativa del Juzgado de Faltas, que impuso la sanción máxima posible prevista en la única herramienta que tenía para multar a la empresa: el Código de Faltas, que prevé hasta un 500 por ciento del salario mínimo municipal para casos de demolición, que es considerada una obra, sin autorización previa.
Es decir que para los efectos de la sanción no existe agravante alguno para lo que fue considerado un verdadero atentado contra el patrimonio cultural e histórico de San Pedro.
La Municipalidad envió una carta documento y notificó a la empresa Estancia Chica S. A., con sede en el centro de Rosario, respecto de la sanción. La compañía, que compró ese campo en 1991 con el reconocido empresario Salvador Hugo Massarelli como representante, ofreció su descargo.
El texto fue presentado por el reconocídisimo abogado rosarino Carlos García Beltrame, un distinguido miembro de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina que fijó domicilio legal en San Pedro en las oficinas del presidente del Colegio de Martilleros de la región, José “Lolo” Cremona.
Allí, el apoderado de los dueños del campo donde estaba emplazada la estación Depietri del paraje La Rosada, dijo que la construcción presentaba “severo signos de deterioro” por “su antigüedad y falta de mantenimiento estructural”, por lo que estaba “en riesgo” y “manifiesta fragilidad“.
Aunque en el escrito sostuvo que “tormentas intensas, vientos fuertes y lluvias” provocaron “colapsos parciales de muros, techos y estructuras internas”, por lo que procedieron “a la reacomodación de los restos colapsados y escombros“.
García Beltrame aseguró que no hubo “intención alguna de realizar una demolición activa”, aunque reconoció que hubo una “intervención sobre el inmueble” que “obedeció a un acto de necesidad ante el riesgo de derrumbe”, lo que implica, como advirtió la jueza Jimena Gómez, que no hubo un “colapso” sino que, efectivamente, actuaron para demoler.
El abogado dijo que la empresa “desconocía por completo” la ordenanza que declaró como edificio protegido por el registro de patrimonio histórico y que “nunca fue notificada ni informada de tal circunstancia”.
La titular del Juzgado de Faltas respondió ante ello con el principio jurídico que señala que “la ley se presume conocida por todos“, por lo que no puede argumentarse la ignorancia para justificar el incumplimiento.
Así, la jueza dispuso sancionar a la empresa Estancia Chica S. A. por haber procedido a una demolición sin autorización previa, con el agravante de que de haber pedido el permiso se lo hubieran denegado puesto que el edificio estaba protegido por su condición de patrimonio histórico.
Por ello, la multa fue del máximo posible que prevé el Código de Faltas para la infracción correspondiente: 500 % el sueldo mínimo de un empleado municipal.
Así, el salario de $ 466.341,57 multiplicado por cinco dio como resultado la multa de 2.331.707,85 pesos.
Con el pago de ese monto —que equivale a un sueldo bruto de un funcionario de menor rango o un cuarto del bruto del intendente—, la empresa quedó liberada de sus responsabilidades administrativas y asunto terminado.
