El convenio que el Municipio firmó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que ese organismo utilice el predio de la exdepuradora para construir oficinas vence en dos meses y todo indica que el edificio volverá a manos del Estado local.
El Gobierno nacional tenía dos años para comenzar la obra desde la sanción de la ordenanzas y ese plazo se cumple el 16 de agosto. Hasta el momento, nunca ingresó proyecto alguno al Ejecutivo.
Ni en los casi cuatro meses del tramo final del mandato de Alberto Fernández ni en el año y medio que lleva Javier Milei hubo movimiento alguno para iniciar el expediente de obra, que implicaría ponerle fin a la desidia en el predio.
El convenio indicaba que Senasa se comprometía a presentar el proyecto. Pero también indicaba que se produciría la “caducidad automática de todos los derechos concedidos” si la obra no comenzaba antes de los dos años del convenio, que fue firmado en abril pero convalidado en el Concejo en agosto.
El acuerdo era por 20 años, con opción a renovación por otros diez, y por todo el lote ubicado en Rómulo Naón, entre Oliveira Cézar e Hipólito Yrigoyen, una superficie de 300 metros cuadrados.
El convenio fue firmado para la construcción de oficinas para el funcionamiento de Senasa, organismo que se comprometía a limpiar y conservar el predio, controlarlo y mantenerlo, pagar los servicios y correr con todo gasto que implicara el adecuado mantenimiento.
Sin proyecto presentado ni plan de obra a la vista por parte de un Gobierno nacional que no sólo no puso en marcha obra pública alguna sino que hasta detuvo las que estaban en ejecución, el Municipio estará listo en dos meses para recuperar el control absoluto sobre la exdepuradora.
Mientras tanto, el predio es tapera y cada tanto es objeto de intervención de Bomberos porque producen incendios en su interior. Incluso hubo denuncias de vecinos que fueron víctimas de robo de grupos que se juntan de noche en el lugar.
