A partir del 1° de julio, en California comenzarán a regir nuevas leyes que modificarán aspectos fundamentales del día a día de los residentes. Desde regulaciones más estrictas sobre los precios en alojamientos temporarios, hasta normas más claras para los seguros de mascotas, la legislación apunta a fortalecer los derechos del consumidor, mejorar el acceso a servicios de salud y justicia, y preparar mejor a las instituciones educativas ante problemas de salud mental. Las medidas se inscriben dentro de una agenda legislativa más amplia impulsada por el gobernador Gavin Newsom y aprobada por la legislatura estatal.
Una nueva norma facilitará la forma en que los consumidores se deshacen de suscripciones a servicios. La legislación exige que toda empresa que ofrezca planes de registro que proporcione mecanismos de cancelación tan accesibles como los utilizados para entrar.
Además, deberá notificar anualmente al usuario sobre los costos actuales del servicio y los métodos disponibles para interrumpirlo.
Una modificación en la regulación de plataformas como Airbnb y sitios de hospedaje obligará a presentar el precio final, con impuestos y tasas incluidos, antes de que el consumidor efectúe la reserva. Esta disposición busca evitar sorpresas al momento del pago final y se suma a un movimiento más amplio en favor de la transparencia de precios.
A partir de julio, las empresas que ofrecen seguros para mascotas deberán informar de forma clara si modifican las condiciones del contrato en función de la edad del animal o la ubicación geográfica del asegurado. Esta normativa busca evitar prácticas poco transparentes en un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años.
A partir de julio de 2025, se ampliará la cobertura obligatoria para tratamientos de fertilidad, hasta incluir procedimientos como la fertilización in vitro. La ley redefine el concepto de infertilidad e impide que los seguros impongan restricciones que no aplican a otros tratamientos médicos.
Desde el ciclo lectivo 2025, las escuelas secundarias deberán incluir el número del servicio nacional de emergencias para crisis mentales —la línea 988— en las credenciales de identificación de los alumnos, debido a la SB1063. También podrán incorporar un código QR que lleve a la página web de salud mental del condado correspondiente.
Gracias a la AB438, la planificación educativa para jóvenes con discapacidades deberá comenzar antes del límite actual. A partir de julio de 2025, los equipos encargados del diseño de los programas individuales deberán establecer metas para el futuro del estudiante desde el inicio de su etapa secundaria, sin esperar a que cumpla los 16 años.
Quienes inicien procesos judiciales bajo la CARE Act, la ley que permite ordenar tratamientos de salud mental a personas con trastornos severos, tendrán derecho a recibir actualizaciones clave sobre el estado del caso. Esto incluye avisos sobre aplazamientos, cambios de fecha o el cierre del expediente.
Las audiencias remotas en causas civiles y de menores se extenderán por tres años más. Además, a partir de julio, los juzgados deberán cumplir con un mínimo de estándares tecnológicos que garanticen la calidad de las sesiones virtuales.
