En medio de una interna política tras la intervención de un municipio local, el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sufrió el robo de su teléfono durante un acto oficial en la localidad de La Cocha. El hecho se constató por los fotógrafos que se encontraban en el lugar y que captaron el momento exacto en que la sospechosa metió la mano dentro del saco del funcionario para sustraer el celular.
Tal como se puede ver en las imágenes, el gobernador posó con los vecinos que se habían acercado al acto de inauguración de una oficina de Atención Primaria Jurídica. Entre ellos se encontraba la mujer detenida, quien aprovechó el momento para acercarse y robarle el dispositivo.
Según indicó el medio local Contexto, el gobernador se percató de que le faltaba el teléfono al subir a un vehículo para retirarse del lugar. Ahí fue cuando el personal de seguridad comenzó a indagar a los asistentes, y a revisar las fotos y videos del momento. La mujer fue identificada pocas horas después por el personal de seguridad y la policía local.
De esta forma, las fuerzas acudieron hasta su domicilio en el barrio Los Pizarro, a unos siete kilómetros del lugar, y comprobaron que tenía el móvil en su poder. Identificada como L.N.C, aseguró que tenía que “aclarar” lo sucedido y que quería “devolver el teléfono”, pero quedó detenida por disposición del fiscal de turno, Fabián Assad, bajo acusación de “intento de hurto”.
En el caso trabaja la Brigada de Investigaciones y Personal de la Regional Sur. “Fue un exceso de confianza del gobernador y una maniobra rápida de la autora del hecho”, señalaron desde el entorno de Jaldo a los medios locales. Sin embargo, no dieron mayores detalles sobre el estado del teléfono o si se había accedido a información personal sobre el gobernador.
Tras lo ocurrido, el mandatario del Partido Justicialista (PJ) tuvo que dar de baja la línea de forma preventiva y luego pedir la reactivación. El evento al que habían asistido Jaldo y buena parte de su gabinete era parte de una serie diferentes actos y eventos institucionales que tenían programados en el día.
El gobernador se enfrenta a una crisis política tras la ruptura de lo que se conoce como “pacto social” de Tucumán, que es la forma en que la provincia acuerda la distribución de los recursos con casi todas las intendencias. Todo comenzó hace poco más de un mes, cuando decidió intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi tras la difusión de un audio que involucraba al intendente con presuntos nexos con el narcotráfico.
Se trata de Luis “Pato” Campos, un dirigente peronista que desde 2003 alterna el mandato al frente del distrito con su esposa, Sandra Figueroa, actual legisladora provincial. La conversación filtrada fue grabada por el empresario empresario local Roberto Giménez, que presta el servicio para obras públicas y confesó públicamente su deseo de ser el intendente del municipio. Giménez llamó al intendente para reclamar por el robo de una maquinaria de un predio municipal y le exigió el pago de 16 millones de pesos.
El intendente Campos, que fue funcionario provincial durante una de las gobernaciones de Juan Manzur, reconoció en los medios locales que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
En este marco, Jaldo dispuso la intervención del municipio y del Concejo Deliberante y convocó a elecciones para 180 días después. En tanto, designó como interventor a Guillermo Norry, un dirigente de larga trayectoria en el PJ tucumano con pasado en el Sindicato de Luz y Fuerza.
