La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar este sábado contras las restricciones impuestas en el marco de su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, sobre todo en lo que concierne a su régimen de visitas. El viernes, la exmandataria había hecho una nueva presentación luego de que la Justicia le marcara que solo pueden ingresar a su domicilio su núcleo familiar, abogados y médicos.
A través de su cuenta de X, la extitular del Ejecutivo reposteó un mensaje del diputado nacional Leopoldo Moreau sobre la instalación de una “dictadura de los jueces”.
“Solamente con este Partido Judicial… en la Argentina hay que explicar lo obvio”, ironizó la exvice, condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad.
Por su parte, Moreau aseguró que “no hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. En ese contexto, el diputado nacional de Unión por la Patria continuó en defensa de Cristina: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”.
“Pero no solo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales. El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas. Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales. Es decir, nos podemos presentar a visitar a quienes consideramos la conductora de nuestro espacio político con la sola acreditación de nuestra condición de diputados o senadores nacionales”, consideró Moreau.
Hacia el final de su mensaje, el legislador analizó que esta restricción se trata de un “severísimo conflicto de poderes” y que el hecho será denunciado ante la Unión Interparlamentaria Mundial “como una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un estado de excepción”.
El viernes, luego de que la Justicia le aclarara que no tiene prohibición de salir al balcón de su departamento de San José 1111, Cristina Kirchner hizo una nueva presentación ante el Tribunal Oral Federal N°2 para pedir que se revoquen las restricciones respecto a sus visitas.
“El resto de mis relaciones con el mundo exterior (amigos, amigas, compañeros, compañeras), y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización, en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles“, planteó y deslizó: ”De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”.
En la presentación, su defensa, a cargo de Carlos Beraldi, advirtió que “la medida genera un agravio actual, concreto y específico para nuestra parte”.
“Más allá de la pena privativa de la libertad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”, marcaron también en la parte de los justificativos de la queja.
Asimismo, consideraron que -por la normativa vigente- los jueces no tienen capacidad para imponer “reglas de conducta adicionales” más allá del acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad a aquellos que tienen una domiciliaria, como la expresidenta.
“No se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a nuestra representada, salvo los casos exceptuados, deban requerir y motivar una autorización previa por parte del tribunal. Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados”, señalaron también.
En el tramo final, destacaron que esta regla de conducta “no registra antecedentes, no encuentra fundamento normativo” y tiene una finalidad “no explicada”.
