La democracia argentina ha decidido someterse a una nueva prueba. Soslayando que, tal vez, no esté atravesando un tiempo de esplendor. El arresto domiciliario de Cristina Fernández, ya formalizado, significa en principio un hito en la historia. Lo será, de verdad, cuando su condena de seis años por corrupción (administración fraudulenta del Estado) complete el recorrido. Sin contemplar otras penas que, ocasionalmente, puedan caerle por causas que continúan en desarrollo.
El enunciado aflora sencillo, pero no lo es. Nuestro país posee en ese plano –y en muchos otros—antecedentes de marchas y contramarchas al ritmo de las crisis recurrentes. Los comandantes de la dictadura (Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, entre otros) fueron condenados en 1985 por crímenes de lesa humanidad. En 1990 resultaron indultados por Carlos Menem en nombre de la reconciliación. En medio de una altísima inestabilidad provocada por la economía. Finalmente, la Corte Suprema de siete miembros remozada por Néstor Kirchner resolvió la anulación de aquel indulto y los jerarcas militares regresaron a la cárcel. Sucedió en 2007. La economía lucía estabilizada tras el derrumbe del 2001 y el entonces presidente ya había fortalecido su poder nacido de las urnas con el 22% de los votos.
Ese antecedente sería el que detonó las primeras controversias políticas apenas el arresto domiciliario de Cristina comenzó. Eduardo “Wado” De Pedro, ladero de la dama y ex ministro del Interior de Alberto Fernández, advirtió que el próximo gobierno no podrá arrancar sin “Cristina libre”. El ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo lo mismo. Javier Milei afirmó que no tiene “la mínima intención de aplicar un indulto?. Siempre su rostro trasunta tensión cuando lo interrogan sobre la ex presidenta. Además, ¿qué otra cosa podía decir ahora?.
Varios diputados del PRO, en su mayoría dependientes de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, elevaron un proyecto para que resulte imposible la aplicación del indulto a la ex presidenta. Como si las leyes en la Argentina tuvieran vida propia, divorciadas de los contextos que tantas veces obligan a modificarlas u omitirlas. ¿No se pensó acaso en la reforma de la Constitución de 1994 que la creación de la figura del jefe de Gabinete sería un tapón para frenar la caída de cualquier presidente jaqueado por una crisis?. La respuesta está en la experiencia que sufrió Fernando de la Rúa que abrió las puertas al 2001.
Para que el arresto domiciliario de Cristina se termine consumando como historia estarían haciendo falta, al menos, tres premisas. Una estabilidad económica que no dependa, como hoy, exclusivamente de la baja de la inflación. Que incluya algún horizonte productivo. Una regeneración de las instituciones que permitan recuperar la confianza social. Un reseteo del sistema de partidos descompuesto y a los pies del liderazgo libertario de Milei.
La anomalía estructural del presente posee un faro. Cualquier trabajo de opinión pública conocido después del fallo de la Corte Suprema demuestra que existe un tercio largo de la población (algunos lo estiran hasta el 40%) que descree de un proceso judicial de 17 años que incluyó un juez de primera instancia, el Tribunal Oral que desarrolló el juicio, la Cámara de Casación Penal y el aval del Máximo Tribunal. No se trataría de debatir si está bien o no que Cristina haya sido arrestada. Se la presume inocente en una defraudación al Estado (icono del pensamiento kirchnerista) que las distintas instancias de la Justicia estimaron en $85 mil millones.
El problema parece aún de mayor profundidad. De acuerdo con un trabajo cualitativo de la consultora IROL-Berensztein, ante la pregunta si la condena a Cristina puede representar un antes y un después sobre la corrupción en la Argentina, la respuesta recogida fue la siguiente: un 49% respondió que sí; un 49% respondió que no. Descreimiento hacia una mejora en el futuro que excede con claridad a la feligresía K que considera inocente a la ex presidenta.
Milei resultó prudente durante los convulsionados días que concluyeron con el arresto de Cristina. Acaso tuvo correlato con los esfuerzos silenciosos del Gobierno para que la Justicia le concediera condiciones de detención no extremadamente rigurosas. Quizás prefirió que la mochila con todas los enojos kirchneristas recayeran, como sucedió, sobre Mauricio Macri. Otro empujoncito para sacárselo de encima.
El relato kirchnerista en ese aspecto caló hondísimo. Los manifestantes callejeros y los testimonios circunstanciales responsabilizaron al ingeniero –también a medios de comunicación– por el arresto de la ex presidenta. Las críticas a Milei se fundaron sobre la realidad económica y social. La senadora bonaerense Teresa Garcia, persona clave, más que nunca desde el arresto, en el entorno de Cristina divulgó los nombres de todos los jueces y fiscales que intervinieron en la causa Vialidad durante 17 años y los vinculó directamente al titular del PRO.
Puede convenirse algo. Atañe solo al sentido común de la política. Si Macri, que a duras penas terminó su mandato y no pudo ser reelecto, que ayudó a hipotecar la elección de Juntos por el Cambio, que entregó sin condiciones a Milei los votos de la coalición en la primera vuelta, que es ninguneado por Karina Milei, que perdió a sus dos últimos candidatos (Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta), que sufre la disolución virtual del PRO, que no tiene injerencia en las negociaciones electorales con La Libertad Avanza, ha sido capaz de manipular aquella maquinaria judicial durante casi dos décadas, la sociedad debería pensar, tal vez, en coronarlo monarca.
Hubo una sola persona en el planeta kirchnerista que se apartó de ese libreto. Axel Kicillof, que estoicamente debió asistir a la masiva manifestación en defensa de Cristina a la Plaza de Mayo, cargó todas las baterías contra Milei. Lo acusó de la desventura de la ex presidenta. También de sembrar a su juicio la miseria en la nación. El gobernador de Buenos Aires hurga con desesperación la forma de confrontar con la administración libertaria para no perder perfil y la autonomía insinuada respecto de la líder que parecieron nublarse con el fallo de la Corte Suprema y el arresto domiciliario.
Kicillof tuvo otras notificaciones desagradables. Desde su domicilio de San José 1111, Cristina diseñó un primer comando de acción política para enfrentar las elecciones que parece no tenerlo en cuenta. La espada principal será su hijo Máximo. Concedió tres entrevistas y una conferencia de prensa durante los últimos 10 días. Difícil de creer. Es el jefe de La Cámpora que acostumbra a acosar al gobernador de Buenos Aires. Cuestionando incluso su gestión. ¿Primer candidato en octubre?. Quizás su madre quiera, aunque los números de las encuestas le dan en Buenos Aires muy mal. Bajo ese prisma también resulta improbable que reemplace en septiembre a Cristina en la Tercera Sección (el sur bonaerense).
Al lado de Máximo, en el comando político K que alumbró en Constitución, figura Mayra Mendoza. La intendenta de Quilmes. Miembro de La Cámpora y muy desconfiada de Kicillof. Algo más que eso. Instaló la idea, que da vueltas en la cabeza de la ex presidenta, que el desdoblamiento electoral dispuesto por el gobernador habría influido en el fallo de la Corte Suprema que avaló la condena. Precipitó, de acuerdo con esa visión, los tiempos por la postulación de Cristina. Un razonamiento con buena cuota de animosidad.
Los primeros movimientos de Cristina sembrarían dudas sobre un fenómeno advertido desde que resultó condenada. El abroquelamiento pero-kirchnerista. Con la reaparición de figuras, como Juan Grabois y Guillermo Moreno, que venía actuando en la periferia. Es cierto también que los gobernadores pejotistas escasearon (el riojano Ricardo Quintela fue el único visible) y que la Confederación del Trabajo (CGT) se comportó con ambigüedad. Algunos gremios poderosos concurrieron de todas formas a la Plaza de Mayo. Un veterano dirigente peronista plantó una observación: ¿“Cristina consiguió la unidad o solo pudo apilar dirigentes un rato?”, interpeló. Esa fue una de las razones por la cual el escenario montado en Plaza de Mayo quedó vacío. Solo se escuchó la comunicación de la ex presidenta. La presencia de otros oradores habría reavivado demasiado pronto la interna que el arresto domiciliario aplacó.
Los planes electorales del Gobierno tal vez deban ser revisados a la luz del nuevo paisaje. Milei pretendía polarizar en Buenos Aires contra Cristina. La ex presidenta estará solo en su balcón. Aunque cuanta mayor presencia pública tenga desde allí quizás logre mantener viva aquella ambición libertaria. Con una secuela: desplaza de la centralidad al Presidente. ¿Hasta cuando?. Entre ambos se encargan de ocupar toda la escena. El reflejo social inmediato así lo estaría indicando. La primera encuesta realizada en la provincia luego del fallo por una de las consultoras más prestigiosas reveló que el 90% optaría votar por los libertarios o el peronismo.
El Gobierno deberá prestar atención hasta octubre a lo que pueda suceder en el Congreso. Se viene en el Senado la aprobación del aumento del 7% a los jubilados y la emergencia en discapacidad. Un golpe, dicen, a las cuentas fiscales libertarias. Milei dijo que serán vetadas. ¿Conseguirá ahora los 87 “héroes” que tuvo en Diputados en 2024 para anular otro aumento a los jubilados?.
A la par transita la economía. La inflación sigue en baja pero el consumo masivo lleva 14 meses sin repuntar. Ese beneficio se remite a bienes durables. La sociedad hace foco ya en esas cosas. El INDEC informó que el desempleo subió casi al 8%. Milei declaró que “estamos en récord de puestos de trabajo”. Las realidades paralelas de siempre que dibuja cualquier poder.
