La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para que se revise su régimen de visitas, que permite ingresar a su departamento de Constitución, sin permiso, a médicos, abogados, policías y familiares, y requiere una autorización especial y justificación para el acceso de otras personas, por caso de dirigentes políticos.
La decisión fue adoptada por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2, quienes rechazaron una reposición de la expresidenta contra la decisión que impuso sus reglas de conducta.
La expresidenta planteó ahora un recurso para que sea la Cámara de Casación la que revise esa decisión. Y el tribunal analiza si corresponde o no conceder ese recurso.
El tribunal destacó en su resolución de esta noche que Cristina Kirchner “exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta” que se el 17 de junio, cuando se dispuso su prisión domiciliaria.
Pero este escrito “no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados por los suscriptos para proceder como lo hicimos”.
Independientemente de ello dijeron que corresponde rechazar el recurso por razones formales, dado que se planteó luego del trámite de sustanciación. “Deviene impertinente”, escribió el tribunal al rechazar esa reposición.
Los jueces además tomaron nota de un correo electrónico que les envió la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) donde les informa sobre la colocación de la tobillera de la expresidenta el 19 de junio a las 17.08 hs.
Asimismo, les informó de un número de teléfono de contacto para tomar conocimiento de cualquier tipo de alerta que se produzca en los términos del Protocolo de Actuación de la Dirección fuera del horario judicial.
La expresidenta ofreció además como contacto secundario alternativo a su asistente Mariano Cabral, lo que quedó registrado y se le comunicó a quienes controlan la tobillera electrónica.
Asimismo, esta mañana, al filo del plazo de vencimiento, Cristina Kirchner presentó ante la Justicia el listado de personas que podrán visitarla en su prisión domiciliaria que cumple en un departamento de Constitución sin permiso previo.
A su insistencia para que permita que otras personas, entre ellos políticos, peritos y amigos, visitarla sin justificación previa ni autorización de los jueces, le dijeron que no.
Los nombres de la lista de los que permitido el ingreso se mantiene en reserva por pedido de la propia Cristina Kirchner. Aunque se descuenta que incluye a sus custodios, sus hijos Máximo y Florencia, sus abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy y sus médicos.
Hasta ahora los jueces habían dispuesto que solo pueden integrar esa lista “el grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan”.
Kirchner quiere que se incluyan a políticos, como Mayra Mendoza que la visitó este fin de semana, y a otros colaboradores. Pero se lo negaron.
Mas allá de este pedido ante los propios jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la defensa a cargo de Alberto Beraldi planteó un recursos de Casación para que sean los jueces de la Sala IV de ese tribunal los que decidan.
Ellos son Mariano Borinsly, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Estos jueces deberán resolver además si se mantiene la tobillera y las otras condiciones de detención, pues tanto la defensa como la fiscalía se reservaron el derecho de apelar.
La fiscalía ya había dictaminado en contra de la prisión domiciliaria, solicitando la constitución en detención en cárcel común y había hecho protesta de recurrir en Casación. La defensa también se había quejado de la tobillera. Anunció que hacía reserva del caso federal.
A estas cuestiones se suma ahora el régimen de visitas. Se trata de la nómina de quienes no necesitarán autorización del tribunal para ir a verla ni tendrán necesidad de justificar las razones de ese encuentro.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apelaron la exigencia de que cada persona que la visite en su departamento de Constitución -que no integre esta lista- tenga una autorización judicial previa.
La defensa planteó que “en la enunciación de personas que pueden visitar” a la expresidenta sin una autorización judicial previa no contemplaron, por ejemplo, a “los profesionales contables que la asisten a en la materia de su competencia, los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre, peritos designados en el marco de otros procesos en el ejercicio del derecho de defensa, asesores que la asisten a para continuar desarrollando actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena”.
Mencionaron además “la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”.
También plantearon que es “la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista”.
Dijeron que “en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”.
Argumentaron que quieren que la visiten sin pedir permiso “líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios” que “ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada”.
