El concejal Martín Rivas solicitó la “suspensión preventiva inmediata” del contrato celebrado con Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), adjudicataria del sistema de fotomultas para el distrito de San Pedro.
Los diferentes acontecimientos de los últimos meses, relacionados con un escándalo que fue judicializado, tienen como protagonista a esta empresa. A su vez, derivaron en la renuncia a su cargo del exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio.
Cecaitra ganó la Licitación Pública Nº 01/2024, que contó con la aprobación del Concejo Deliberante por ser único oferente.
Rivas ahora reclama la suspensión por los hechos acaecidos, “hasta tanto se esclarezca completamente la situación legal de la empresa y se garantice la total idoneidad y transparencia en la prestación del servicio”.
El proyecto suma al que en su momento presentó el concejal Mauro de Rosa, que aceptó en esa ocasión la propuesta del oficialismo de enviar el expediente a comisión, donde el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, fue a dar las explicaciones que bien podría haber enviado por escrito si el expediente se trataba sobre tablas.
En la comisión nunca dictaminaron, por lo que el proyecto sigue a la espera. Incluso el oficialismo se había comprometido a que comparezca el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, pero hasta el momento no pudieron concretar su visita.
La Justicia ha caído sobre Cecaitra, investigada por decenas de miles de infracciones de tránsito, registradas con sus cámaras diseminadas en varios municipios bonaerenses, que no estarían homologadas.
“La continuidad de la ejecución de un contrato con una empresa bajo investigación por presuntas irregularidades genera un alto riesgo legal y reputacional para el Municipio de San Pedro, pudiendo viciar de nulidad o irregularidad los actos administrativos derivados de dicho convenio”, sostuvo el concejal.
En el pedido de informe, apunta a diversos aspectos que alcanzan a las fotomultas. Pretende que el Departamento Ejecutivo responda en tres días, en caso de prosperar el proyecto en el cuerpo deliberativo.
Dentro de la batería de peticiones se incluye saber si el Municipio solicitó explicaciones sobre el allanamiento a Cecaitra y los alcances sobre el convenio; las evaluaciones y decisiones tomadas o a tomar por el Departamento Ejecutivo en relación con la continuidad o rescisión del contrato; si existe una fiscalización respecto a la ejecución del contrato por parte de Cecaitra en San Pedro, y si esta fue suficiente para detectar posibles irregularidades.
El proyecto tiene otras aristas sobre el convenio de un sistema que aún no está en funcionamiento. Rivas quiere saber el estado actual de las rutas de acceso, un relevamiento de la señalización y seguridad, y hasta un detalle sobre el mantenimiento y reparación durante los últimos 12 meses.
De acuerdo a su criterio, “el deterioro extremo de las rutas de acceso y las principales arterias de San Pedro constituye una problemática vial de suma gravedad, que incide directamente en la seguridad de los ciudadanos”. Y para la ciudadanía, no es posible sancionar si las rutas y arterias están en pésimo estado.
