J.M. Keynes (1923) fue uno de los primeros en calificar a la inflación como un impuesto: “la inflación es un gravamen sobre las tenencias de dinero de hogares y empresas”. Pero la inflación tiene consecuencias distributivas.
Los más ricos tienen más posibilidades que los pobres de sustituir moneda doméstica por otros activos (durables, ladrillos, dólares o criptoactivos) que resguarden el poder adquisitivo de su dinero. De esta manera, ante una aceleración inflacionaria, las personas de mayores ingresos logran eludir el impuesto inflacionario en mayor medida que la población vulnerable.
Los economistas Hildegart Ahumada, Alfredo Canavese, Pablo Sanguinetti y Walter Sosa Escudero (1993) demostraron que, durante el pico de hiperinflación de 1989, la incidencia del impuesto inflacionario sobre las tenencias de M1 (billetes y cuentas corrientes) respecto del ingreso de los más pobres llegó a triplicar la del quintil superior de ingresos.
En una investigación que llevamos a cabo en el Centro de Estudios de la Productividad, obtuvimos que, durante el período 2016-2023, el impuesto inflacionario pagado por el decil más pobre cuadruplicaba al del decil de ingresos más alto, llegando incluso a quintuplicarse durante la hiperinflación de 2023.
El cepo cambiario, instituido desde 2011 para impedir la huida del dinero hacia el dólar y levantado para las personas en 2024, también fue una medida regresiva e injusta para los más pobres. Un ejemplo fue la prohibición, durante la pandemia, de acceder al dólar ahorro para quienes recibieron el IFE, así como para los asalariados de empresas que recibieron el ATP; forzándolos a mantener pesos “crocantes” y cobrando, en consecuencia, un impuesto inflacionario aún más alto.
Medidas como la prohibición de comprar dólar ahorro, el “parking” y otras restricciones se multiplicaron hasta el clímax de la hiperinflación de diciembre de 2023, reforzando la incidencia regresiva del impuesto inflacionario sobre la clase media y el capital de trabajo de las pymes.
El cepo se constituyó en un mecanismo de ahorro forzoso en pesos (represión financiera extrema) con el objetivo de seguir recaudando impuesto inflacionario que, de otro modo, se hubiera evadido por la fuga hacia el dólar.
El mecanismo consistía en “forzar” la colocación de pesos a una tasa real de interés negativa, prohibiendo el acceso legal al dólar. En consecuencia, se sumó una regresividad adicional al impuesto inflacionario, ya que también afectó los ahorros de la clase media y el capital de trabajo de las empresas depositados en los bancos.
De esta manera, se dificultaba aún más la huida del “zoológico impositivo” legislado hacia la economía no registrada, obligando a pagar impuesto inflacionario sobre los activos en pesos bancarizados para cubrir un gasto público exorbitante, en parte ineficiente y corrupto.
Las pymes y los ahorristas que colocaban sus pesos en los bancos financiaban los créditos “promovidos” dirigidos por el Estado a tasas activas reales negativas. El impuesto inflacionario cobrado a los ahorristas subsidiaba implícitamente a los deudores del sistema financiero.
Nuestras estimaciones —adoptando la metodología de Ernesto Gaba (1977)- aplicada para el período 2016-2023 indican que el impuesto inflacionario cobrado sobre billetes y cuentas corrientes alcanzó un máximo del 4,1% del PBI en la hiperinflación de 2023, mientras que la incidencia sobre cajas de ahorro y plazos fijos fue del 2,9%, cuyo cobro era compartido entre los bancos y el Estado mediante las antiguas Leliqs.
Los pobres, los ahorristas en pesos y las pymes pagaron impuesto inflacionario por un total del 7% del PBI.
La inflación constituye una redistribución regresiva de los ingresos en contra de los pobres, la clase media y las pymes.
Bajar la inflación es más equidad, ya que redistribuye ingresos a favor de los ahorristas, los asalariados y los sectores vulnerables.ß
