Luego de que se conociera que la Justicia de los Estados Unidos ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio, el presidente Javier Milei confirmó que el Estado apelará el fallo.
El juicio por la expropiación de YPF se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.
Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.
Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de manera anticipada la indemnización de US$16.100 millones más intereses que decretó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en primera instancia. La Justicia determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización, pero eximió de responsabilidades a YPF.
Para evitar el embargo de activos, Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado y nunca se cumplió con el pedido de la jueza.
Luego de un año y medio desde el pedido de garantía, Preska determinó este lunes que el Estado argentino tiene 14 días para transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM).
La Argentina apelará esta decisión y podría solicitar que los efectos se suspendan hasta que se resuelva la apelación, aunque es probable que la jueza Preska pida a cambio una garantía de pago, según se desprende del fallo recientemente publicado.
“Si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal”, escribió la jueza, antes de concederse la moción de embargo a los fondos demandantes.
“La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos [para transferir las acciones de YPF], (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”, señaló el fallo.
La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Santiago Castro Videla, quien reemplazó a Rodolfo Barra el año pasado. El gobierno de Javier Milei mantuvo los lineamientos de la gestión anterior y conservó la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).
