El economista Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, habló largo y tendido sobre la expropiación de YPF, concretada en 2012, y aseguró que no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una serie de intentos frustrados por alcanzar un acuerdo con la petrolera Repsol. “La estatización era la última opción, no la primera”, afirmó durante una entrevista radial.
Según explicó durante su paso por Radio Con Vos, el proceso de discusión y las negociaciones se iniciaron en septiembre de 2011, meses antes de que se concretara la estatización. En ese entonces, Agis formaba parte del equipo económico y técnico que asesoraba a Axel Kicillof, quien cumplía funciones como ministro de Economía.
“No fue que un día se levantó Cristina [Kirchner] y dijo ‘me quedo con YPF’. El equipo económico tuvo muchas reuniones con Repsol. Intentamos buscar políticas que cumplieran con lo que Repsol quería y lo que el Estado necesitaba, que era poner en producción Vaca Muerta. Y en un momento, Antonio Brufau -entonces presidente de la petrolera española- confesó que su intención era vender Vaca Muerta y tenía ofertas firmes”, contó.
Y justificó: “La decisión que se toma… yo entiendo que ahora parece que había un gobierno chavista, estatista o comunista, que quería quedarse con una empresa privada. Pero de hecho, desde la visión del equipo económico que me tocó integrar, era: ‘che, la estatización es la última opción, no la primera. Veamos si podemos mejorar esto y encontrar una solución mediante mecanismos de mercado, en algún acuerdo con la empresa y el sector en su conjunto’. La verdad que no se pudo y tuvimos que avanzar de esta manera”.
Durante la conversación radial, Álvarez Agis presentó reparos respecto de la situación societaria en la que se encontraba la compañía previo a la expropiación: “YPF era una compañía que tendría que haber invertido más que distribuir dividendos. Eso fue lo que para mí estuvo mal pensado. Fue un error estresar el balance para distribuir dividendos destinados a que un accionista pudiera terminar siendo propietario de las acciones, con una compañía que claramente tenía un desafío de inversión muy grande, incluso antes de Vaca Muerta”.
“Si la elección del grupo inversor [Petersen] estuvo amañada, no lo sé, no me consta. No me interesa opinar sobre eso. Mi fuerte es la economía. Desde el punto de vista económico, ¿tiene sentido someter a YPF a una distribución de dividendos tan grandes como las que tuvo para que un accionista se quede con el 25% de la compañía, sea nacional, amigo del presidente o extranjero? No“, reforzó el exfuncionario.
También advirtió: “Nadie nunca tampoco me dijo a mí ni al equipo económico ‘che, cuidado con Petersen. Che, ahí hagamos un tratamiento judicial’. De hecho, la decisión de estatización era por todos conocida que terminaba haciendo que Petersen tuviera que entregar las acciones que tenía en garantía”.
Además, añadió que los Eskenazi vendieron de forma irregular los derechos a litigar a los fondos que ahora demandan. Y que la suma de US$ 16 mil millones no está bien calculada. “Son 125 millones de dólares lo que correspondería” en caso de que tocara, explicó. “Porque la cuenta se debe hacer al tipo de cambio oficial en el momento en el que se realiza la expropiación”, indicó.
Hechas esas dos salvedades, el exviceministro de Economía defendió la decisión tomada por la entonces gestión de Cristina Kirchner, que fue avalada además por el Congreso. “Cuando uno toma una decisión de este tipo, a los funcionarios que participamos nos interesaba no violar la ley, por una cuestión moral y personal”, insistió.
“Entre los requisitos para realizar la expropiación, la ley dice que es necesario indemnizar al dueño de la compañía. Durante el gobierno de [Carlos] Menem, se escribió un estatuto que señalaba que si en algún momento el Estado quisiera recuperar más del 49% del paquete accionario de YPF, quedaba obligado a hacerle una oferta de compra al resto de los accionistas a un valor cuatro veces mayor mayor a la tasación del mercado”, explicó.
“Abogados del Estado, estudios jurídicos privados de la Argentina y del exterior dictaminaron entonces que ese estatuto se daba a patadas con la Constitución Nacional. Y esa es la razón por la cual el Estado, al expropiar YPF, entiende que no tiene que hacer una oferta al otro 49% de los accionistas privados. No es que no se hizo para ahorrar plata, por hacernos los vivos, los machos, los genios”, puntualizó.
Y cerró: “Lo que uno hace es pedir documentos legales a los propios abogados del Gobierno, que te dicen ‘ustedes tienen que hacer esto o no tienen que hacer esto’. La decisión de no hacer una oferta del 49% no es que charlamos con Axel [Kicillof] un día y dijimos ‘vamos para adelante, viva la Argentina’. No. Estuvo avalada por la jurisprudencia de la Argentina, por los mejores estudios de abogados y la propia fuerza del Estado”.
En otro tramo de la entrevista, Álvarez Agis cuestionó con dureza el fallo del tribunal de Nueva York que ordenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF. “Lo que veo es parecido a lo que fue el caso de los fondos buitre, incluso con una gravedad mayor. Es una injerencia de tribunales extranjeros en cuestiones domésticas”, dijo. Y alertó: “Creo que si un juez en Nueva York va a resolver controversias entre la Constitución Nacional y el estatuto de una compañía, el mundo se puede ir a lugares muy extraños”.
Asimismo recordó que el grupo Petersen no litigó contra el Estado argentino tras la expropiación, sino que se desprendió de sus derechos de cobro luego de que los dos “vehículos” por los que alquiló YPF quebraran: “Burford pagó 17 millones de euros por el derecho a litigar. Según la ley española, primero debían ofrecerle esa posibilidad al Estado argentino. Decidieron entonces generar una sociedad para no vulnerar la ley”.
Por último, el exviceministro instó a dejar de lado la disputa partidaria para analizar el caso con una mirada estratégica: “Yo entiendo que muchos utilizan esto políticamente, pero acá se juega el interés del país. Nos deberíamos sacar un poco las cuestiones partidarias y entender que las leyes nacionales tienen que estar por encima de los estatutos de una empresa”. Y sentenció: “Tuvimos que tomar una decisión que no nos gustó. ¿Cuál? Estatizar YPF. ¿Por qué? Porque creíamos que era el mal menor para un bien mayor”.
