Por Fabiola Czubaj
A partir de la nueva camada de profesionales de la salud que ingresarán a las residencias nacionales en dos meses, podrán optar dentro de ese sistema de formación entre dos formas de remuneración. Una, abonada por la institución donde siguen su formación de posgrado y, otra, a cargo del Ministerio de Salud, como hasta ahora. Ambas becas seguirán financiándose con fondos nacionales, pero en el caso de las instituciones podrán mejorar la oferta del Estado con recursos propios.
Así surge de una actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas que el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Es al día siguiente de la jornada en la que miles de profesionales matriculados -este año, hubo 13.476 inscriptos- rindieron el Examen Único de Residencias por una vacante en ese sistema. En un contexto de crisis, como el que sigue inmerso el sistema de salud en general, habrá que ver que efecto tendrá esta medida. ¿Los hospitales podrán destinar dinero a mejorar esas remuneraciones? ¿Habrá competencia por atraer un recurso humano escaso y así cubrir vacantes en especialidades críticas que quedan libres año tras año?
Por Esteban Lafuente
El Gobierno no da un paso atrás en su plan. Frente a las críticas y advertencias que diferentes economistas realizan por la apreciación cambiaria y el rojo en la cuenta corriente del balance de pagos, el ministro de Economía, Luis Caputo, adoptó un tono burlón y disparó: “El dólar flota, por lo tanto, al que le parezca que está barato… Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”.
Así, el titular del Palacio de Hacienda atacó a los “empresarios, periodistas y colegas” que plantean dudas sobre la sostenibilidad del programa económico y las consecuencias de la política cambiaria oficial. Fue en una presentación en la que retomó el estilo confrontativo de Javier Milei. No casualmente, Caputo dijo ser “como hermanos” con el Presidente y enfatizó en la “simbiosis” que lo une con el primer mandatario.
Por Paz Rodríguez Niell y Martín Rodríguez Yebra
La furia de Javier Milei contra el periodismo viene en oleadas. Se activa y se atenúa, al ritmo de la intensidad de la agenda política. Antes del último fin de semana arrancó una de sus mayores escaladas: solo entre el viernes y la tarde del martes emitió en sus redes sociales casi 200 mensajes con ataques a la prensa, le dedicó insultos y apodos agraviantes a una veintena de profesionales, validó campañas de acoso en redes y recurrió a información manipulada para desprestigiar a voces críticas.
Ha ido adornando el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Dice que incluye en la lista al 90% y le agregó una curiosa referencia a las 10 plagas de Egipto, como si fuera un dios que administra escarmientos a los impuros.
Rodeada de casi todos los gobernadores, su gabinete, empresarios afines y con la plana mayor de La Cámpora en la primera fila, Cristina Kirchner anunció el 16 de abril de 2012 la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que por entonces estaba en manos de la española Repsol.
La por entonces presidenta, hoy con prisión domiciliaria acusada por corrupción en la obra pública, envió ese día un proyecto de ley al Congreso en el que se declaraba de “interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos”. La iniciativa tuvo amplio respaldo en ambas cámaras y se avanzó de esta manera en la expropiación, que derivó en un juicio contra la Argentina que tramita en los tribunales de Nueva York.
El gobierno argentino presentó esta noche un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que pidió la suspensión de la decisión que tomó este lunes sobre YPF hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. “Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, indicaron a LA NACION altas fuentes con acceso al expediente.
En paralelo al pedido de suspensión, el Gobierno ya diseña la apelación sobre la cuestión de fondo que presentará, todo indica, antes de mediados de mes. En tanto, niega de forma contundente que haya negociaciones con los fondos Burford y Eton Park, ni que las vaya a haber.
El pedido de suspensión es el primer paso del Estado argentino en el caso, luego de que este lunes Preska ordenara al país que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera.
