La administración de Donald Trump activó un plan para priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos o que representen un riesgo para la seguridad nacional. Esta medida ha generado preocupación y polémica en la comunidad inmigrante y entre defensores de los derechos civiles.
La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revoca la ciudadanía a una persona que la obtuvo a través de la naturalización. Es decir, que no nació en el país, pero cumplió con los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para convertirse en ciudadano.
Si bien la desnaturalización no es un fenómeno nuevo, su aplicación ha sido relativamente poco común a lo largo de la historia. Sin embargo, la administración Trump ha manifestado su intención de intensificar este proceso como parte de su estrategia para combatir la inmigración ilegal y deportar a personas consideradas peligrosas.
El Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido un memorándum en el que se detallan los criterios que se tendrán en cuenta para priorizar los casos de desnaturalización. Según este documento, la ciudadanía puede ser revocada en las siguientes situaciones:
El fiscal general adjunto, Brett Shumate, en un memorando dirigido a la División Civil del Departamento de Justicia, anunció que el presidente Donald Trump y la fiscal Pamela Bondi habían ordenado que se priorizara las investigaciones y medidas de cumplimiento relacionadas con la desnaturalización o revocación de la ciudadanía.
El memorándum del DOJ enumera diez categorías prioritarias para los casos de revocación de la ciudadanía:
El proceso de desnaturalización se lleva a cabo a través de juicios civiles. Estos son los pasos:
La revocación de la ciudadanía tiene graves consecuencias para la persona afectada. Entre ellas, se encuentran:
Organizaciones de defensa de los derechos civiles manifestaron su preocupación por la intensificación de los procesos de desnaturalización. Consideran que esta medida puede ser utilizada de manera discriminatoria contra ciertos grupos étnicos o religiosos, y que viola los principios fundamentales del debido proceso y la igualdad ante la ley.
Christopher Wellborn, presidente de la NACDL (National Association of Criminal Defense Lawyers o Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, en inglés), explica: “La presión de la Administración Trump para revocar la ciudadanía es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre la Decimocuarta Enmienda”.
El representante advierte que esto es particularmente preocupante dado que el gobierno se basa en difusas alegaciones de afiliación a pandillas para las deportaciones. “En efecto, esta directiva transmite el mensaje de que quienes no nacieron en Estados Unidos corren el riesgo de perder su ciudadanía por conductas pasadas o futuras”.
“No es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno invoque alegaciones infundadas de afiliación a pandillas o utilice los antecedentes penales de una persona para alegar que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la garantía de representación legal, es incalculable”, sentenció Wellborn.
Ante esta situación, es fundamental que los inmigrantes naturalizados conozcan sus derechos y tomen medidas para proteger su ciudadanía. Algunas recomendaciones son:
Poco después del anuncio del DOJ, el pasado 11 de junio, se conoció la revocación de ciudadanía de Elliot Duke, un inmigrante británico quien se hizo ciudadano tras ingresar al Ejército de Estados Unidos en 2012. En 2013 fue detenido en Louisiana por recibir y distribuir pornografía infantil y condenado en 2014. El pasado 13 de junio le fue revocada la ciudadanía.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
