El enfrentamiento entre Gavin Newsom y Donald Trump sumó un nuevo capítulo. Es que el gobernador de California decidió llevar a los tribunales al gobierno federal, por lo que considera un golpe político y económico a uno de los proyectos más ambiciosos del estado: el tren de alta velocidad que busca unir San Francisco con Los Ángeles. En específico, la decisión de la Casa Blanca de retirar miles de millones de dólares en financiamiento encendió una disputa que ahora se dirimirá en la Justicia.
El estado de California, a través de su fiscal general Rob Bonta, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito del Este de California contra el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en inglés). El eje del litigio es la cancelación de US$4000 millones en fondos federales, que estaban destinados a avanzar con la construcción del tren en el Valle Central.
La denuncia legal, según consignaron en Los Angeles Times, sostiene que la decisión de la administración Trump fue “arbitraria, caprichosa, abusiva y contraria a la ley”, y que podría provocar un daño económico grave no solo al estado, sino también al país norteamericano.
Entre los señalados se encuentran el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador interino de la FRA, Drew Feeley, a quienes se acusa de ejecutar un castigo político encubierto con argumentos administrativos. La presentación judicial pone el foco en lo que define como un “desdén personal” de Trump hacia el proyecto californiano.
En palabras del gobernador Newsom, de acuerdo a un comunicado oficial, “la cancelación del financiamiento federal para el tren de alta velocidad huele a política”. “Es otro intento más por castigar a California. Esta vez, el ataque apunta al corazón productivo del estado, el Valle Central, y pone en riesgo empleos reales y el sustento de miles de familias. Por eso estamos demandando, para evitar que Trump descarrile el único tren de alta velocidad en construcción en Estados Unidos”, arremetió.
La decisión federal se sustentó en una revisión de cumplimiento de 310 páginas encargada por la FRA y finalizada en junio. Este análisis concluyó que el proyecto no tenía “un camino viable hacia adelante” debido a desvíos presupuestarios, incumplimientos de plazos clave y proyecciones de pasajeros poco confiables.
Entre los principales cuestionamientos de la auditoría federal, según detalló el informe oficial citado por LA Times, se encontraban:
Frente a estas observaciones, Ian Choudri, director ejecutivo de la Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California, respondió con dos cartas formales en las que refutó las conclusiones del informe. Según remarcó, la evaluación utilizó “información desactualizada, fuentes externas no verificadas y análisis incompletos que no reflejan el progreso real del proyecto”.
En una de sus respuestas, el funcionario escribió: “Los insumos erróneos han generado resultados defectuosos. En lugar de apoyarse en los documentos y datos oficiales que proporcionamos, la FRA inexplicablemente recurrió a información obsoleta y sin sustento”.
La batalla legal iniciada por el gobierno californiano podría definir el futuro de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad en Estados Unidos. Con la demanda ya presentada y los argumentos de ambas partes expuestos públicamente, la Justicia federal deberá pronunciarse sobre si la cancelación de los fondos fue legal o una represalia política disfrazada.
