El juicio por YPF suma otro capítulo. La Argentina tiene tiempo hasta este martes para presentar sus argumentos en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra la entrega de las acciones en la petrolera que le ordenó la jueza Loretta Preska como parte de pago de la condena de primera instancia por US$ 16.100 millones más los intereses diarios que se acumulan por la irregular expropiación de la compañía en 2012 durante el kirchnerismo.
La defensa nacional busca que la Cámara de Apelaciones neoyorkina defina mantener en suspenso la ejecución de la transferencia de los papeles de YPF que el Estado logró con una cautelar temporaria otorgada la semana pasada, mientras en paralelo revisa el pedido que presentó el país de revertir la decisión de Preska y si corresponde que la forma de pago sea con las acciones de YPF, donde el Estado tiene el 51% de la tenencia. Esta decisión podría llegar recién a mediados de 2026.
Así, mientras tanto, los abogados harán su presentación por escrito este martes y luego la Corte de Apelaciones elegirá qué sala de ese tribunal definirá si da lugar o no a la ejecución del fallo de Preska. No hay un plazo estimado para que se expida, aunque se espera que para fin de julio haya una resolución.
“Puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tiene plazo para hacerlo”, detalló Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro sobre la cuestión de fondo que la Argentina apeló.
Si la Cámara acepta el pedido de la Argentina, la sentencia de Preska quedará suspendida hasta que resuelva la apelación de fondo de la causa. Esto implicaría un respiro para el país, que ganaría tiempo.
De forma contraria, si la Cámara rechaza la solicitud, la orden de Preska se reactivará y la Argentina quedará expuesta a un riesgo de desacato que podría derivar en consecuencias en los mercados internacionales, perjudicando su posición en ellos.
La defensa del fondo Burford Capital, el principal beneficiario del fallo que se dedica a comprar derechos de litigios, presentó un escrito en la Corte de Apelaciones donde criticó al gobierno de Donald Trump, que la semana pasada se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) en favor de la Argentina para que se suspenda la entrega de las acciones de YPF como forma de pago de la sentencia de fondo.
Según los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “exigirle a la Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”.
No es la primera vez que los Estados Unidos se expresa al respecto. En 2019, en la presidencia de Mauricio Macri que coincidió con el primer mandato de Trump, el gobierno norteamericano se presentó también como amicus curiae, pero en esa ocasión emitió un dictamen contrario la Argentina.
La semana pasada, el fondo informó que su deseo no es quedarse con YPF, pero reclama que el país ponga garantías para poder cobrar. Ahora, le pidió a la Corte que no acepte a los Estados Unidos en la causa y considera que esa presentación generó ruidos, “ya que la prensa y los funcionarios públicos argentinos han interpretado el escrito del gobierno como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”.
En una entrevista que Horacio Marín, presidente de YPF, le dio a Clarín, precisó que el fallo de Preska no afecta en nada las previsiones de la compañía para crecer en Vaca Muerta. “No las altera. Preska lleva dos juicios: uno contra YPF donde falló a favor de YPF y otro con la República Argentina y está apelado. YPF no es parte del juicio”, señaló.
