El gobierno de Estados Unidos ordenó la incautación de todos los productos de mar capturados por el buque pesquero Zhen Fa 7, de bandera china, por graves violaciones a los derechos humanos.
La embarcación, que operó hasta mediados de junio frente a la Patagonia argentina, fue acusada de prácticas que incluyen esclavitud, violencia sexual, condiciones laborales inhumanas y retención de documentos, según denunció el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
La medida fue emitida por la Unidad de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que basó su decisión en indicadores de trabajo forzoso identificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El caso fue difundido por el Círculo de Políticas Ambientales, una organización que monitorea la pesca ilegal en América del Sur.
“Zhen Fa 7 se benefició de menores costos laborales, produjo bienes por debajo del valor de mercado, perjudicó a las empresas estadounidenses y obtuvo ganancias injustamente”, explicó el organismo en su resolución oficial publicada en su sitio web.
Durante más de una década, el buque operó en el Pacífico y Atlántico sur, con una fuerte presencia frente a las costas de Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En su paso más reciente por Sudamérica, estuvo operativo frente al Mar Argentino hasta el 16 de junio de 2025 y utilizó el Puerto de Montevideo, Uruguay, como base logística.
No es la primera vez que el Zhen Fa 7 queda en la mira por abusos: en 2021 abandonó a un tripulante en estado crítico en Montevideo. El joven, de nacionalidad indonesia, falleció poco después en un hospital local. Las autoridades uruguayas nunca registraron oficialmente el ingreso del buque tanquero que lo desembarcó.
En marzo de este año, se detectó que el Zhen Fa 7 ingresó hasta 180 millas dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, aproximándose peligrosamente a las costas del Chubut, frente al Golfo San Jorge. Lo hizo acompañado por una flota de al menos 150 pesqueros chinos, bajo el argumento de buscar refugio por tormentas.
En enero, la provincia de Santa Cruz firmó un acuerdo con empresas pesqueras chinas, muchas de las cuales tienen antecedentes similares de abuso y pesca ilegal. El informe alerta que estas flotas operan gracias a subsidios estatales y explotación sistemática de sus tripulaciones.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) tiene consecuencias devastadoras: afecta ecosistemas marinos, la actividad pesquera legal y también genera un impacto económico y social directo en los países ribereños. A pesar de eso, Argentina todavía no ratificó dos acuerdos internacionales clave (uno de la OMC y otro de la OMI) que podrían contribuir a ponerle freno a estos abusos, a pesar de haber sido aprobados por el Congreso.
Este martes, Argentina depositó su instrumento de ratificación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, que busca limitar el accionar de las flotas que realizan pesca ilegal y no reglamentada en los mares del mundo. Había sido aprobado por el Congreso en octubre del año pasado.
Se trata de un acuerdo fundamental para luchar contra la depredación pesquera que ocurre en el Atlántico Sur, ya que impacta directamente en el financiamiento estatal que recibe la flota extranjera que realiza pesca destructiva, ilegal y no reglamentada.
El acuerdo, que demandó más de 20 años de negociación, constituye uno de los principales logros alcanzados en la OMC desde su creación, puesto que por primera vez se establece la restricción de los subsidios que afectan negativamente al comercio y a la conservación de los recursos pesqueros y se prohíbe las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a la pesca de poblaciones ya sobreexplotadas y a la pesca en alta mar no reglamentada.
Según había anunciado el Gobierno argentino en octubre pasado, el acuerdo tiene implicancias de enorme relevancia para el país, dado su gran litoral marítimo y la importancia de los recursos pesqueros..
En particular, se espera que contribuya a disminuir la presión pesquera en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, coloquialmente referida como “milla 201”, ya que al limitar la posibilidad de que los países recurran a subsidios para mantener artificialmente la actividad de sus flotas, el acuerdo contribuirá a la protección de los recursos pesqueros en las aguas adyacentes a la jurisdicción nacional, limitará las capacidades de grandes flotas que pescan a distancia y complementará los esfuerzos de patrullaje de las autoridades nacionales sobre el terreno.
Con la aprobación del Congreso, el Gobierno estará ya en condiciones de sumarse a los más de 80 países que han presentado a la OMC su instrumento de ratificación.
