Dos crónicas periodísticas de los últimos días, desconectadas una de otra, conducen a preguntas muy inquietantes: ¿se puede confiar en la Justicia Laboral y de Familia? ¿O hay tribunales de esos fueros especialmente sensibles que han perdido toda ecuanimidad y hasta pautas básicas de razonabilidad? Se podría plantear de otra manera: ¿son fueros que protegen o destruyen la familia y el trabajo?
Una de las notas, firmada por Francisco Olivera, describe los despropósitos y arbitrariedades con los que la Justicia Nacional del Trabajo determina las indemnizaciones por despidos. La otra refleja la estremecedora confesión de un joven que reconoce haber realizado, cuando era menor, una falsa denuncia contra su padre a instancias de su propia madre, y que bastó para que la Justicia de Familia dispusiera duras medidas restrictivas y empujara al padre a la prisión y a un proceso penal que terminó en absolución por la completa falta de pruebas.
Son casos efectivamente inconexos, pero nos recuerdan el extremo al que han llegado la ideologización y la militancia en algunos estamentos judiciales, donde se dictan resoluciones y sentencias sin verificar la verosimilitud de las denuncias y sin calibrar, incluso, el impacto demoledor que esas decisiones pueden tener en ámbitos tan sensibles como el de la familia y el trabajo. Una mezcla de ligereza, desidia y activismo judicial suele destrozar vidas familiares de un plumazo y condenar a pequeñas y medianas empresas por fallos tan absurdos como arbitrarios.
En el caso del fuero laboral, tanto de la Nación como de las provincias, se asume que los empleadores deben litigar en una cancha inclinada en su contra. La nota de Olivera describe casos escalofriantes: empresas muy pequeñas que han enfrentado demandas por despidos y que, por la aplicación de exóticas fórmulas indemnizatorias y cálculos de intereses, deben afrontar sentencias por montos absurdos y directamente impagables. En la práctica, muchos de esos juicios condenan al cierre o al achicamiento a bares, colegios, peluquerías, gimnasios, farmacias o restaurantes.
La situación ha llegado a tal extremo que provocó, el año pasado, dos intervenciones de la Corte para intentar poner en caja esa suerte de anarquía y festival indemnizatorio. Entre las diez salas de la Cámara Nacional del Trabajo manejan seis criterios diferentes para hacer el cálculo. El resultado es caótico y desconcertante. Sin embargo, no han acatado la indicación de la Corte para unificar una fórmula y dotar al sistema de sensatez y previsibilidad.
La explicación hay que buscarla en la colonización política y sindical de un fuero que, a través de muchas resoluciones, exhibe una militancia “antiempresa” más que una vocación por honrar la imparcialidad judicial. Por supuesto que la legislación laboral está concebida, con buen criterio, para amparar al eslabón más débil de la relación contractual, que es el trabajador. Pero la rigidez de algunas leyes complementarias, más una interpretación abusiva de las normas y una jurisprudencia que suele rozar el disparate, se han combinado para que cualquier empresa pequeña pierda toda garantía al enfrentar un litigio. Muchos abogados están especializados en inflamar las demandas e incentivar reclamos que procuran indemnizaciones multimillonarias, aun por empleos fugaces.
Las figuras para reclamar se han ampliado cada vez más con el aval de los jueces. Una pyme, por ejemplo, enfrentó el juicio de un empleado que se dio por despedido por considerar que era víctima de “ghosting” (que viene de ghost, fantasma en inglés): sentía que no lo tenían en cuenta, que no le daban información. Es apenas un ejemplo de los encuadres laxos y novedosos que nutren la industria del juicio laboral, donde el “siento que” exime de la obligación de probar los hechos y donde el mismo sistema parece incentivar la exageración del reclamo.
Las consecuencias de este fenómeno son claras: el empleo privado registrado lleva más de una década sin crecer en el país. Tal vez se exprese mejor en un dato que el 29 de junio citó José Del Rio en su columna en LA NACION: Chile tiene 38 empresas cada 1000 habitantes; la Argentina, solo 13. Quizás una de las explicaciones deba rastrearse en los tribunales laborales.
También con sesgo ideológico, pero con consecuencias aún más dramáticas, asistimos a otra tendencia alarmante en los tribunales de Familia: la despreocupación por las falsas denuncias en procesos traumáticos de divorcio deriva en resoluciones muchas veces arbitrarias y abusivas que destrozan el vínculo entre padres e hijos de manera irreparable.
El lema “yo te creo, hermana”, que enarbolaron grupos feministas para alentar las denuncias por presuntos casos de acoso o de abuso sexual, se ha enquistado peligrosamente en el estamento judicial, donde muchas veces implica vulnerar el principio de inocencia.
El caso del médico Pablo Ghisoni ha expuesto en los últimos días las aristas más dramáticas de ese fenómeno. Sin entrar en los dolorosos detalles de esa historia familiar, hay que recordar que su propio hijo, ya mayor de edad, acaba de reconocer que, manipulado por su madre, hizo una falsa denuncia por abuso que llevó a su padre a perder el contacto con él y con uno de sus hermanos y a pasar tres años privado de su libertad. La Justicia Penal lo declaró inocente, y el hijo sale ahora a admitir que los hechos no existieron. ¿Pero quién repara semejante calvario? “Han destruido mi vida”, declaró el profesional.
Es un caso extremo, por supuesto, pero no es excepcional. El fenómeno de las falsas denuncias se ha convertido en una verdadera amenaza. Muchos operadores de la Justicia de Familia parecen mirarlo, sin embargo, con indiferencia. Y lo minimizan, desentendiéndose de las trágicas consecuencias que pueden tener. El constitucionalista Daniel Sabsay ha advertido sobre este peligro: “Se le da a la palabra del denunciante carácter de plena prueba, mientras se le resta valor a la palabra del denunciado. Se niega la presunción de inocencia y se entroniza la presunción de culpabilidad”. Queda abolido, así, el principio fundamental del debido proceso. La mera denuncia se convierte, automáticamente, en una condena irremontable.
Basta buscar en el archivo para encontrar pruebas de cómo actúan algunos jueces de ese fuero. La titular del Juzgado de Familia Nº 6 de La Plata, María del Rosario Rocca, fue invitada el año pasado a un taller en el Colegio de Abogados de La Plata (que ahora se llama Colegio de la Abogacía porque entendieron que la denominación histórica era “patriarcal” y “no inclusiva”). Cuando una abogada le preguntó si analizaban los hechos antes de determinar, por ejemplo, la viabilidad y los plazos de restricciones perimetrales, la magistrada contestó, tajante: “No hace falta”. Pero también dijo algo más en el mismo tono categórico: “Contra la falsa denuncia no se puede nada, ¿está?”. Ante la preocupación que plantearon algunos participantes por la falta de verificación de los hechos que se denuncian, la jueza dice: “No es mi tarea, no es el objeto del proceso de violencia, básicamente”. Otra de las expositoras abunda: “Yo en mi fuero jamás voy a comprobar qué es mentira, porque la ley no está para eso, está para poner paños de agua fría por la verdad o por la mentira que sea”. Todo está grabado y fue subido a YouTube por el propio Colegio de Abogados. Aquí se puede ver.
Las afirmaciones podrían tener la validez de una confesión: en algunos estamentos de la Justicia de Familia, la verdad no importa. No se hace el más mínimo esfuerzo por investigar o determinar la veracidad de una denuncia. “Yo te creo” se ha convertido en un dogma que está por encima de la ley y de las garantías procesales. Sobre esa base, se dictan restricciones perimetrales, prohibiciones de contacto o acercamiento y hasta se impulsan procesos penales. También se imponen, con la misma liviandad, “bozales legales” que les impiden a las partes denunciadas exponer sus casos públicamente. Las víctimas más vulnerables son los menores, que ven afectado, de manera muchas veces irreversible, el vínculo con uno de sus padres. Algunos jueces parecen indiferentes a las dramáticas consecuencias que puede tener una mera resolución tomada con ligereza.
Por supuesto que muchas denuncias pueden estar fundadas y ser completamente verdaderas. Es obvio: la violencia intrafamiliar existe y los casos de abusos también. Pero la falta de empeño judicial por discernir en cada caso ha hecho que todo el sistema termine deformándose. Muchos psicólogos independientes que intervienen en casos de familia se sorprenden al leer informes elaborados por asesores, asistentes o peritos judiciales: suelen escribirse con la x, en lenguaje inclusivo, con una prosa que refleja militancia más que asepsia y ecuanimidad profesional, donde todo se mira, además, desde una perspectiva intencionada y deformante: el reconocimiento de un reto fuerte se puede encuadrar como “violencia psicológica”, y una caricia paternal, en un indicio de abuso. Motivos suficientes para una perimetral.
El Senado de la Nación analiza desde hace tiempo una iniciativa para penalizar las falsas denuncias en el fuero de Familia. En el marco de ese debate se han escuchado historias desgarradoras. Muchísimos otros casos no llegan al Senado ni a los medios: se sufren en silencio. Son tragedias íntimas que arruinan a decenas de miles de personas y dejan heridas enormes en la vida de los chicos. Ya hay especialistas que hablan de “niños huérfanos de padres vivos”.
Tal vez haya que poner una lupa sobre los fueros del Trabajo y la Familia, donde la balanza de la Justicia parece haber extraviado el equilibrio. Allí se juegan los temas más sensibles de la vida. La prudencia, la responsabilidad y la ecuanimidad deberían ser la norma. Sin embargo, hoy millones de ciudadanos sienten que una denuncia en cualquiera de esos tribunales implica una condena de antemano. Habría que recordar, con una ligera adaptación, una frase conocida: “cuando la militancia y la ideología entran por la puerta, la justicia huye por la ventana”.
