El fiscal Luis Alcides Arnaudo, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imputó a 8 dirigentes del sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) por hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2022 en las plantas de la empresa Lácteos Vidal., ubicadas en la localidad bonaerense de Moctezuma y en el barrio porteño de Villa Devoto.
La medida fue tomada tras una investigación que determinó que los imputados habrían desplegado acciones que excedieron el derecho constitucional a huelga, afectando gravemente la operatoria y economía de la empresa. La fiscalía calcula un perjuicio de más de $61 millones, cifra que, actualizada por inflación, podría ascender a $500 millones.
Los acusados son Heber Ríos, secretario general de la seccional General Rodríguez de ATILRA; Sergio Raúl Longo, subsecretario de la seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la misma seccional; Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín, Diego Armando Alarcón, Rafael Alberto Ale y Ariel Sánchez, todos ellos con cargos activos en la conducción del gremio. También figuran David Cheij y Verónica Blas, por hechos específicos de violencia e intimidación.
Según la fiscalía, desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre de 2022, se desplegaron bloqueos, amenazas, empujones y agresiones físicas contra trabajadores que decidieron no adherir a la huelga. Estas acciones se ejecutaron de manera coordinada en ambas plantas y buscaron paralizar la actividad de la firma, afectando la producción, distribución y venta de productos lácteos.
Los hechos están encuadrados provisionalmente en los delitos de desbaratamiento de empresa (art. 174 inc. 6), amenazas (art. 149 bis) y compulsión a la huelga (art. 158 del Código Penal). La figura de asociación ilícita no fue descartada y permanece en evaluación.
Según el comunicado de los abogados de la pyme láctea, es la primera vez en la Ciudad de Buenos Aires que se aplica este encuadre legal contra acciones sindicales consideradas violentas, aunque ya existen antecedentes en Rosario y San Juan, donde se utilizaron figuras similares para procesar bloqueos gremiales.
La decisión de la fiscalía hizo lugar a lo solicitado por la querellante Alejandra Bada Vázquez, apoderada de Lácteos Vidal S.A., con el patrocinio de los abogados Mariana Heim y Pablo Abdón Torres Barthe, quienes promovieron las imputaciones y solicitaron el tratamiento conjunto de los hechos ocurridos en Moctezuma y CABA como parte de una misma maniobra.
Desde su cuenta personal en redes sociales, Bada Vázquez expresó su satisfacción con el avance judicial y escribió: “Llueve, llueve… y un día sale el sol. Poco a poco va aclarando. Hay nuevas imputaciones en la causa penal. No es gratis intentar fundir una empresa, atacarla y poner en riesgo las fuentes de trabajo. Antes o después trae consecuencias, señores”, indicó.
“Será justicia, basta de mafias. Necesitamos salir adelante trabajando en libertad”, agregó en otro posteo.
Por su parte, fuentes vinculadas a la querella indicaron que no descartan iniciar una demanda civil por daños y perjuicios contra el gremio, así como solicitar embargos preventivos por los daños económicos sufridos.
Recientemente, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 69, a cargo de Ignacio Ramonet, había resuelto avanzar con embargos ejecutorios y preventivos contra la empresa Lácteos Vidal por una suma de $47 millones, tras el conflicto judicial con ocho trabajadores despedidos.
