El senador nacional Wado de Pedro presentó dos iniciativas en el Senado con el objetivo de “frenar la privatización de AySA y consolidar el control estatal de la empresa”. Las propuestas cuentan con el respaldo de once senadores del bloque Unión por la Patria.
En medio de la tensión que generó el cierre de listas en las provincia de Buenos Aires, el peronismo en la Cpamara de Diputados y el Senado trata de mostrar unidad y presionan para bloquear el proceso de privatización de la empresa de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
El objetivo central es contexto es generar consensos en la oposición para apurar acuerdos y rechazar los decretos del presidente Javier Milei que autorizaron el inicio del proceso de venta. Una tarea que no parece sencilla, a simple vista.
El proyecto de declaración (S‑1288/25) fue acompañado por los senadores María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli y Sergio Leavy. Mientras que el proyecto de ley (S‑1287/25) sumó también las firmas de Cristina López y José Emilio Neder, completando así los once senadores que respaldan ambas iniciativas.
En Diputados había ocurrido lo propio con un proyecto impulsado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, la bancada K planteó su “rechazo y preocupación” por los DNU 493/2025 y el Decreto N.º 494/2025. El primero modifica de forma “unilateral” -según las diputadas- el marco legal vigente en materia de provisión del servicio de agua potable y saneamiento, mientras que el segundo autoriza la privatización de la empresa, a través de la venta de la totalidad de las acciones.
En el caso de la iniciativa de De Pedro, ratifica que “el 90% de las acciones permanecerá en manos del Estado nacional y el 10% en manos de los trabajadores”. Además, establece que “cualquier intento de modificar su objeto, desprenderse de activos esenciales o alterar su paquete accionario requerirá la aprobación del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios”. También propone “derogar los decretos 493 y 494/25, que habilitaron la venta de la compañía”.
De forma complementaria, el senador presentó un proyecto de declaración que expresa “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” ante los decretos presidenciales, advirtiendo que “constituyen un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”. El texto rechaza tanto la privatización como la posibilidad de interrumpir el servicio por falta de pago.
“El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó De Pedro. Además, remarcó que “AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias”, y recordó que “la Argentina asumió compromisos internacionales que la obligan a garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”.
Días atrás el Gobierno oficializó, mediante el DNU 493/2025, una profunda reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, sustituye decenas de artículos del régimen anterior vigente, habilita la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y redefine las condiciones para la participación estatal y privada en la empresa.
