Gonzalo Almanza, un cubano con residencia permanente en Estados Unidos desde 2002, permanece alojado en el centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”. Aunque vive en el país norteamericano desde los seis años y cuenta con una green card vigente, su audiencia fue cancelada sin previo aviso. Su abogada denuncia que el sistema no le permite ejercer el derecho básico de defensa.
Almanza, de 31 años, llegó a Estados Unidos desde Cuba cuando era un niño. Desde entonces, vivió como residente permanente con documentos en regla. Sin embargo, a raíz de una causa penal por crimen organizado, fue arrestado por agentes de inmigración, informó NBC6.
Según su familia, el migrante cumplía con las exigencias legales que le impuso la justicia tras esa condena. “Está pagando su restitución, está haciendo todo bien”, aseguró su esposa, Aschly Valdez, al medio citado
Pese a ello, el 11 de julio, el migrante fue trasladado al centro de detención para migrantes ubicado en los Everglades, Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”.
La abogada Anna Weiser contó al medio citado que gestionó una audiencia ante el tribunal de inmigración para el 23 de julio. La familia viajó desde Orlando con la esperanza de obtener una fianza, pero todo se desmoronó al llegar.
Ese día la representante legal recibió un mensaje que la descolocó. “La audiencia no avanza; de hecho, no hay audiencia”, le informaron.
Weiser intentó comunicarse directamente con la secretaría del tribunal. Allí le informaron que la corte no tenía jurisdicción sobre el caso. “El tribunal está diciendo que no hay jurisdicción porque mis clientes están detenidos en Alligator Alcatraz”, afirmó.
La abogada agregó que no se trata de un caso aislado. Aseguró que otras audiencias programadas por su firma también fueron suspendidas sin aviso.
El acceso a la representación legal de los detenidos dentro de “Alligator Alcatraz” es uno de los puntos críticos denunciados por organizaciones de derechos humanos. Weiser sostuvo que no pudo ver a su cliente en persona, a pesar de que por ley le corresponde ese derecho.
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue consultado sobre esta situación y Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias del estado, afirmó que a más tardar el lunes pasado “deberíamos tener nuestro primer conjunto de representación legal en el lugar”.
Sin embargo, Weiser aseguró que ese día no recibió ninguna respuesta oficial ni tuvo la posibilidad de encontrarse con su cliente. Tampoco recibió detalles sobre la reprogramación de la audiencia.
La defensora afirmó además que Almanza y otro de sus representados no tienen órdenes finales de deportación. De este modo contradijo a DeSantis, quien sostuvo que todos los detenidos en el lugar cuentan con órdenes firmes de expulsión de Estados Unidos.
Mientras tanto, la familia de Almanza está desesperada. “Mi hijo pregunta por su papá todos los días. Es desgarrador”, dijo su esposa. La mujer también expresó su desilusión con el sistema estadounidense: “se derrumba ante nuestros ojos”.
El 18 de agosto se realizará una audiencia federal impulsada por una demanda que cuestiona, entre otras cosas, la falta de acceso de los abogados a sus defendidos.
La causa está a cargo del juez Rodolfo Ruiz y busca establecer responsabilidades por las condiciones legales que enfrentan los inmigrantes detenidos en ese remoto centro.
