Una jueza federal ordenó este jueves detener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 60.000 personas originarias de Honduras, Nepal y Nicaragua. Con el fallo, los beneficiarios deben estar atentos a una nueva fecha clave.
Trina L. Thompson, jueza federal de distrito en San Francisco, California, señaló que la administración puso fin a las protecciones del estatus migratorio sin una “revisión objetiva de las condiciones del país”. En respuesta a una demanda de la Alianza Nacional TPS (Ntpsa) y otros afectados.
La orden se produce a días de que los titulares del TPS de Nepal perdieran su estatus y permiso de trabajo, y extiende temporalmente las protecciones hasta al menos una audiencia sobre los méritos programada para el 18 de noviembre de 2025, por lo que esta se convierte en una fecha clave para los miles de beneficiarios.
Thompson concluyó que los demandantes probablemente demostrarán que las cancelaciones del TPS fueron motivadas por animosidad racial y una decisión predeterminada de acabar con el programa, en lugar de un análisis objetivo.
La designación para aproximadamente 7000 personas de Nepal debía finalizar el próximo 5 de agosto, mientras que las protecciones a 51.000 hondureños y casi 3000 nicaragüenses debían expirar el 8 de septiembre.
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan”, precisó la jueza en el fallo.
La Ntpsa indicó que todos los titulares de TPS afectados por esta decisión han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años en el caso de Nepal, y más de 26 años en el caso de Honduras y Nicaragua.
De acuerdo con The Associated Press, William Weiland, abogado del Departamento de Justicia argumentó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene autoridad clara sobre el programa y que sus decisiones reflejan los objetivos de la administración en las áreas de inmigración y política exterior. Asimismo, señaló que “no está previsto que (el programa) sea permanente”.
Hace unas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el fin del Estatus de Protección Temporal para los hondureños y nicaragüenses y determinó que tenían 60 días para salir del país.
La Alianza Nacional TPS y otros afectados por la cancelación del programa presentaron el pasado lunes 7 de julio una demanda contra la Administración Trump por la terminación del beneficio para personas originarias de Honduras, Nepal y Nicaragua.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon, por sus siglas en inglés), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas Migratorias (CILP, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Haitian Bridge Alliance.
La Ntpsa indicó en comunicado: “La demanda alega que estas terminaciones violan la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), al ignorar las condiciones actuales en los países y basarse, en cambio, en una decisión política preestablecida para desmantelar el programa”.
Asimismo, argumenta que las decisiones fueron motivadas por prejuicios raciales, lo cual va en contra de la Constitución de Estados Unidos, e impugna la negativa del gobierno a ofrecer un período de transición o “reducción gradual” más extenso para los beneficiarios que han vivido durante décadas en Estados Unidos.
“Ningún secretario anterior ha negado un período de transición ordenada de al menos seis meses cuando un país ha tenido TPS por tres años o más”, precisa la organización.
