Mientras se aguarda la habilitación del sistema de fotomultas en San Pedro, la Justicia continúa la investigación sobre la relación entre el exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y el titular de Cecaitra, empresa adjudicataria en nuestro distrito, Bernardino Antonio García.
La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta puso en evidencia distintas maniobras que implican la sospecha del montaje de un aceitado sistema de recaudación basado, principalmente, en las multas de tránsito.
La Justicia sospecha que un grupo de funcionarios, bajo la dependencia directa de D’Onofrio, actuó en connivencia con personas ajenas a la administración pública.
Éstos operaban como “gestores” ofreciendo reducciones del 50% a los deudores de infracciones de tránsito, recaudación que mayormente no ingresaba a las arcas correspondientes.
Además, Garganta también avanza contra D’Onofrio por su presunto favorecimiento a la “asociación civil” —es una cámara que nuclea a empresas del sector— Cecaitra, que desde el 3 de enero de 2022 opera 155 cámaras de monitoreo en varios municipios.
Aunque hubo debate acerca de si las cámaras contaban con las habilitaciones necesarias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia autorizó la continuidad de su utilización.
Ello permitió que el Gobierno municipal de San Pedro informara en comisión a los concejales que plantearon sus dudas que la continuidad del contrato con Cecaitra está garantizada, independientemente de la investigación judicial, porque “no hay impedimentos”.
El fiscal y el juez Juan Pablo Massi llevan a cabo una instrucción pormenorizada que incluyó allanamientos en la sede de Cecaitra, en la residencia de su presidente, García, y en la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en La Plata (intermediaria), con el fin de obtener documentos que validen la habilitación de los equipos y el flujo de fondos.
En total, la causa incluye a 16 imputados, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector.
Uno de los nombres destacados es el de Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata (la causa está caratulada “Quattrocchi, Mario y otros s/ fraude en perjuicio de la Administración Pública”), quien fue vinculado a viajes frecuentes al exterior junto a la concejala de Pilar Claudia Pombo, persona cercana a D’Onofrio (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, destituida por este escándalo).
Ambos podrían estar involucrados en dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, según informes reservados que han llegado desde el extranjero para ser incorporados en la causa.
Aparte de su vínculo con Cecaitra, D’Onofrio enfrenta acusaciones relacionadas con la concesión irregular de servicios de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que cobraba comisiones desproporcionadas por cada turno.
En el marco de la causa, no se descarta que las infracciones detectadas por cinemómetros cuestionados, puedan invalidarse legalmente y hasta ejecutar la devolución de lo recaudado por los municipios.
A su vez, otra faceta de la investigación alude a presuntas maniobras de desvío de fondos en 11 municipios, donde se supone que existieron acuerdos simulados para evitar licitaciones utilizando las universidades.
Como si esto fuese poco, comenzó a surgir la participación de los gremios de los empleados municipales que, en consonancia con los intendentes, advirtieron que una eliminación del sistema de fotomultas implicaría postergar los aumentos salariales.
En San Pedro, Cecaitra fue la única oferente en la licitación, por lo que el convenio de adjudicación tuvo que ser validado por el Concejo Deliberante.
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